“El topillo” | Quien paga manda

«El topillo» valora su tiempo y en consecuencia no presta la menor atención a esa televisión privada de la señorita Pepis que explota en régimen de exclusividad tras un concurso debidamente manipulado el único canal autonómico que tuvo a bien adjudicar en su momento la Junta de Castila y León. Lo único que lleva mal el que suscribe es que la sociedad beneficiaria de esa concesión, participada al 50 por ciento por los titulares de los dos grupos mediáticos cimentados, nunca mejor dicho, sobre oscuros negocios de la construcción, reciba una subvención anual a fondo perdido de veintitantos millones de euros con cargo a nuestros impuestos. Y que para mayor inri sigan escatimando sueldos decentes a la mayoría de sus sufridos trabajadores.

Uno de los grandes hallazgos que no tardó en descubrir Miguel Ángel Rodríguez tan pronto como se convirtió en gurú mediático de Josemari Aznar, fue el de que era una pérdida de tiempo y dinero promover medios de comunicación públicos cuando podías comprar a los privados a base de inyectarles publicidad institucional y/o subvenciones. El estadista de El Burgo de Osma que presidió diez años la Junta ni se decidió a crear un canal autonómico ni a promover uno privado, aunque untó a base de bien a los dos grupos de televisiones locales creados por sendos grupos de la construcción -eso sí, de trayectorias poco edificantes- con el descarado propósito de procurarse una posición de influencia en la adjudicación de obras y servicios públicos de la Junta, las Diputaciones y Ayuntamientos de la comunidad. “O me adjudicas este concurso o no vuelves a aparecer en mi televisión ni en mi periódico como no sea para brearte”, tal era el mensaje, a veces explícito, tanto para el gobierno como para la oposición de turno.

Dicho todo lo cual, a “El topillo” le venían insistiendo sobre el creciente sesgo partidista de la tertulia política que ofrece en “prime time” el canal televisivo en cuestión. Y ayer recibió un mensaje: “Echa un vistazo en la web a la de hoy, que ha sido escandalosa”. Y hete aquí que esta mañana he perdido más de media hora de mi precioso tiempo en ver en diferido ese simulacro de debate. 

Y, en efecto, su atildado director-presentador, otrora habilidoso en disimular sus querencias, se ha soltado metafóricamente el tupé. “Primero acusó de tomar drogas a Milei y de esos polvos vienen esos lodos”, fueron sus primeras palabras. “Ahora llama alcohólico a un conocido asesor del PP cercano a Ayuso, o al menos dice que toma 8 gin-tonics diarios. Javier Milei y Óscar López cada día se parecen más”, añadía el conductor del espacio. Y abundaba: “Lo de Óscar Puente con sus contrincantes políticos es una actitud sistemática y deliberada que excede a cualquier comportamiento decente de la política española”.

Y a continuación presentaba a los contertulios, dos profesionales de la información y una abogada de la que uno no tenía ninguna referencia. “Y echa otro vistazo a la biografía de la abogada”, añadía el mensaje de mi interlocutor. Y resulta ser que la llamada Isabel Pérez-Espinosa tiene una larga y accidentada trayectoria política en el PP de Asturias, donde encadenó  media docena de cargos públicos entre 1991 y 2011, año en el que encabezó la candidatura a la presidencia del Principado. Tras fracasar estrepitosamente en esas elecciones, Mariano Rajoy la recolocó como directora general de la empresa pública Acuanorte, hasta que, desahuciada políticamente en Asturias, en 2020 encontró acomodo como asesora contratada a dedo por el alcalde de Arroyo de la Encomienda, municipio vallisoletano vinculado a la corrupción donde los haya. Y, claro, el televidente no informado creerá que de su boca escucha las opiniones de una profesional de la abogacía independiente…

“Vamos con otro capítulo de exabruptos en la política española y, como no podía ser de otra manera, la protagoniza de nuevo el ministro Óscar Puente”, dice el atildado, remachando en el mismo clavo con el que introdujo el programa. A propósito del asesor aludido, que no citado, por Puente, quien no recuerdo que literalmente acusara a nadie de tomar drogas o de ser alcohólico: Por un casual, resulta que un confidente de “El topillo” compartió a finales de enero el vuelo de regreso a Madrid realizado en clase bussines por Isabel Díaz Ayuso y su séquito tras visitar el campo de exterminio de Auschwitz. 

Me contó que Ayuso no consumió alcohol, pero que el séquito se aplicó al “drinking” durante todo el vuelo y que en concreto el asesor de marras se apretó dos gin-tonics por todas sus barbas. Y no contento con eso, todos ellos arramplaron con los botellines de alcohol (otros tomaron whisky o ron) que habían sobrado. Y yo no sé si tomará ocho, seis o cuatro gin-tonics diarios, pero lo cierto es que la noche en que colisionó con tres vehículos estacionados en el distrito madrileño de Retiro, el susodicho cuadruplicó la tasa permitida de alcohol en sangre.

La tertulia no quedó ahí. Salió a colación la sesión de control en el pleno de las Cortes, en la que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se permitió cuestionar la objetividad del informe y la independencia política de los relatores de la ONU sobre la Ley de Discordia que se cisca en la de Memoria Democrática todavía vigente. Y la tal Pérez-Espinosa suscribió rápidamente la tesis, argumentando además que la Ley presentada conjuntamente por la extrema derecha y la derecha extrema que cogobiernan en la Junta lo único que hace es ampliar el reconocimiento a las víctimas de la República… (Lo de la extrema derecha y la derecha extrema es cosa mía, naturalmente; para ella serán el centro-derecha y sus pródigos escindidos. Y lo extraño es que Mañueco no la haya incorporado aún a su ilimitada nómina de asesores de designación «digital»).

La sesión plenaria de las Cortes continuó durante la mañana de ayer, en la que el tándem PP/Vox tumbó, como era previsible, la proposición presentada por el procurador Francisco Igea para adecentar la Comisión de Ética, cuya composición actual constituye una absoluta tomadura de pelo: Es más fácil que Kiko Rivera ingrese en la Academia de la Lengua que dicha comisión encuentre tacha alguna en la actuación de algún cargo público de la Junta. Y no será que algunos como el vicepresidente García-Gallardo (Ga-Ga jr.) o el pernicioso consejero Veganzones no se hayan hecho acreedores de ello…

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