Condenados ocho ganaderos por el asalto a la sede de la Junta en Salamanca

El Juzgado de Instrucción número 2 de Salamanca ha condenado a diez meses de prisión a los 8 protagonistas principales de los altercados ocurridos el pasado 5 de junio, que intentaron asaltar la delegación de la Junta en Salamanca en el transcurso de una protesta de los ganaderos por el endurecimiento de los protocolos de la vacunación animal.

El día 5 de junio de 2023, ante la sede de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca tuvo lugar una concentración comunicada por la entidad sin personalidad jurídica y con la denominación de “Plataforma en Unión por la Ganadería”, con inicio a las 12:00 horas y con hora autorizada para su finalización a las 15:00 horas del mismo día.

Dicha concentración partía del conflicto existente entre el sector ganadero y las diferentes administraciones públicas, debido a los protocolos de vacunación establecidos en la provincia de Salamanca contra la enfermedad de la “lengua azul” y otros aplicados a patologías de salud animal relacionadas con la “tuberculosis bovina” y su transmisión; lo que supuso la aplicación de un exhaustivo calendario de vacunación, la imposibilidad de la salida del ganado de la provincia, con lo que se limitaba su venta y la eliminación de aquellos animales infectados, con el trastorno que conllevaba para los ganaderos, el estrés para el ganado y las pérdidas económicas que les generaba.

La normativa que regía la materia procedía de la Unión Europea, siendo adaptada por el Gobierno Central para su aplicación en España y correspondiendo su ejecución a las Comunidades Autónomas, de ahí la concentración ante Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca.

Previamente, el día 3 de mayo del 2023, tuvo lugar una manifestación en vehículos comunicada previamente a la Subdelegación del Gobierno en Salamanca en nombre de la Plataforma Ganaderos Unidos, a cuya finalización ante la Subdelegación del Gobierno en Salamanca, ya se registraron incidentes consistentes entre otros en el lanzamiento de huevos, la detonación de petardos de considerable potencia, el retraso intencionado en el inicio de la manifestación y obstaculización del tráfico rodado.

La falta de soluciones exigidas por los ganaderos originó un aumento de la tensión y la Junta de Castilla y León, el día 10 de mayo del 2023, aprobó una Resolución que flexibilizaba las exigencias de la UE y su desarrollo normativo en España.

Dicha Resolución no fue de aplicación por parte de los funcionarios de sanidad encargados de su aplicación por entenderla contraria a la normativa estatal y europea, emitiendo el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, una Orden Ministerial de fecha 29 de mayo, en la que ordenaba la no aplicación de aquella y dictando el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León la paralización cautelar de su aplicación.

Esto supuso un incremento considerable del malestar en el ámbito ganadero,  exigiendo las dimisiones de los funcionarios que se negaron a la aplicación de la Resolución y, por ello, comunicaron la referida concentración para el día 5 de junio de 2023, ante la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León.

A la concentración asistieron alrededor de 500 personas, todos ellos ganaderos procedentes de la provincia de Salamanca y otras provincias de la Comunidad; acudiendo muchos de ellos al lugar de celebración provistos de palos y “cayados”, además de petardos de gran potencia que hicieron detonar y bengalas, golpeando, en un primer momento, con los palos el suelo y paredes del de Castilla y León y procediendo al lanzamiento de pintura y huevos contra sus ventanales, impactando alguno de ellos sobre los agentes de policía y generando momentos de tensión.

El clima de tensión creció en el momento en que a un grupo reducido de representantes de los ganaderos se les permitió el acceso al interior de la Delegación Territorial para ejercer funciones de mediación con representantes de la Junta de Castilla y León y, en ese momento y sobre las 13 horas y 8 minutos, tras ellos, múltiples manifestantes entre los que se encontraban los acusados trataron de acceder, de forma violenta al interior de la Delegación Territorial de la Junta.

A tal efecto, los manifestantes situados en las primeras filas de la protesta fueron empujados por los restantes manifestantes, al tiempo que alentaron a los restantes concentrados, haciendo gestos con los brazos en dirección a las puertas de entrada al edificio y gritando la misma consigna “dimisión”.

Durante el asalto con violencia del edificio, los manifestantes, entre los que se encontraban todos los acusados, emplearon las cayadas y palos para causar daños en las puertas y ventanales de cristal de acceso, acometiendo a los policías y vigilantes de seguridad privada que trataron de impedir el acceso; «acometiendo a los agentes con gran violencia y también para ello, movieron las vallas colocadas por los agentes de policía para canalizar a los asistentes, rompiendo las bridas que las unían y empujándolas», dice la sentencia.

Resultaron heridos de carácter leve 10 agentes de policía, viviéndose momentos de gran tensión y enfrentamiento. En esos momentos detuvieron a uno de los manifestantes que participaba activamente en estos hechos y produciéndose además cuantiosos desperfectos materiales en el edificio de la delegación de la Junta de Castilla y León en Salamanca.

Finalmente, sobre las 16 horas y 50 minutos quedó desalojada la explanada que antecede al edificio de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca, de concentrados, dándose por finalizada la intervención policial y la propia concentración.

Todos los acusados estuvieron presentes en estos hechos e intervinieron de manera activa y determinante en el intento de entrada violenta al edificio, en las agresiones a agentes de Policía Nacional y vigilantes de seguridad privada que custodiaban el referido edificio y en la causación de los desperfectos en puertas y fachada del mismo. Entrada en el edificio respecto a lo cual los acusados junto a los demás participantes en la manifestación pretendían llamar la atención sobre sus reivindicaciones antes indicadas mediante la perturbación relevante de la paz pública y el normal funcionamiento en la delegación de la Junta en Salamanca, «todo lo cual originó una muy grave alteración del orden público en el edificio referido, con alteración del normal desenvolvimiento del público concurrente y de los empleados que prestaban sus servicios en el edificio», dice el fallo.

Cada uno de los ocho procesados han sido condenados en un acuerdo de conformidad par evitar la vista oral a 10 meses de prisión: por delito de desórdenes públicos, la pena de prisión de 3 meses; otros tres meses por el delito de atentado y 4 meses por el delito de daños en bienes públicos.

En la sentencia se concede la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad impuestas a cada uno de los condenados en la presente causa por el plazo de dos años, con sometimiento a la condición de no delinquir durante el plazo de dos años.