Cáritas Salamanca atendió a 11.560 personas en 2023

La entidad alerta de las dificultades de acceso a una vivienda digna, el empleo precario y la situación irregular de muchos inmigrantes
El obispo, José Luis Retana, y Carmen Calzada, en la presentación de la memoria. (Ical)

Cáritas Salamanca atendió el año pasado a 11.560 personas en 2023, de las que el 32 por ciento residía en el medio rural. Beneficiarios en algunos de los 23 programas y once centros de la entidad vinculada a la iglesia así como los 19 equipos parroquiales de la Diócesis, que abren las puertas de los proyectos de promoción, integración e inserción a las personas vulnerables, gracias a los 494 voluntarios. 

Ical.- Entre los problemas que más afectan a las personas que acompaña Cáritas están las dificultades de acceso a una vivienda digna, agravadas por un alquiler cada vez más alto; el empleo precario, que impide a muchas familias cubrir sus necesidades básicas; la situación irregular de muchos inmigrantes, que no ven expectativas de futuro; o la brecha digital, que aleja de las oportunidades de formación, empleo, o solicitud de prestaciones de la administración. 

Con motivo de la presentación de la memoria del año pasado, con la presencia del obispo José Luis Retana, la entidad hizo balance de su labor coincidiendo con la campaña institucional Día de Caridad, con el lema ‘Allí donde nos necesitas, abrimos camino a la esperanza.’ El secretario general de Cáritas Salamanca, José María Rodríguez, mencionó el perfil de las personas atendidas, que son mayoritariamente mujeres (salvo en los proyectos de Inclusión), de entre 35 y 65 años, casadas y con hijos, y alojadas en viviendas de alquiler. También, alertó del aumento de jóvenes de entre 18 y 35 años. En cuanto a la nacionalidad, precisó que desde 2015 se percibe una tendencia descendente de españoles y un aumento de extracomunitarios, hasta casi igualarse. No en vano, de los 1.124 atendidos el año pasado, el 30 por ciento se encontraba en situación irregular. 

También se refirió a algunas situaciones preocupantes como la brecha digital, que supone una forma de exclusión para el 31 por ciento de los hogares de Castilla y león, de acuerdo con un informe de la Fundación Foessa. Por ello, la entidad ha incorporado en 2023 ‘Cáritas T-Forma’; un proyecto que ofrece formación en competencias digitales y acompañamiento en el uso de nuevas tecnologías mediante seis aulas fijas de formación grupal, seis puntos de información y consulta y un servicio de aula móvil, por el que han pasado 600 personas vulnerables. En el mundo rural, Cáritas ha potenciado el proyecto de salud mental Ranquines, que ofrece cobertura a las personas en situación de exclusión con trastorno mental en este ámbito. 

Por áreas de trabajo, destaca la intervención social con 2.671 familias, de las cuales 1.939 recibieron apoyo de los servicios de acogida y atención primaria para afrontar gastos de la vivienda como suministros, alquiler, alimentación y farmacia, entre otros. Además, crece el número de mayores atendidos a 208 personas, debido al aumento de la soledad no deseada. 

Dentro del área de inclusión social, en el 2023 destacó la labor del centro de acogida ‘Espacio Abierto’, con 546 personas sin hogar atendidas. Por otra parte, preocupan los 148 jóvenes y las 125 familias atendidas por el ‘Programa de Prevención Indicada Lazarillo’, demostrando que las adicciones entre menores se agravan, entre otros factores, por un uso abusivo de las pantallas (incluyendo videojuegos y juego online). En el área de inserción laboral, 150 personas han logrado un empleo a través de la intermediación directa con empresas. Además, hay 27 personas empleadas a través de la empresa de inserción La Encina Servicios Integrados. Un total de 1.686 personas han pasado por esta área.

Como balance económico del 2023, se invirtieron casi 5,7 millones de euros frente a unos ingresos de 5,69 millones, con lo que el año cerró con un déficit de 6.396 euros. Las principales fuentes de financiación proceden de las aportaciones privadas de socios, donantes, colectas y Conferencia Episcopal Española (63 por ciento) y de subvenciones de administraciones públicas como la Junta de Castilla y León, Ayuntamiento o Diputación de Salamanca (36,7 por ciento). 

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