Los fiscales del procés consideran inviable amnistiar a Puigdemont

Los fiscales del Tribunal Supremo que participaron en el juicio del procés han elaborado un informe crítico con la amnistía en el que trasladan al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, la inviabilidad que ven en amnistiar la malversación de Carles Puigdemont. Para ello, argumentan que sí hubo ánimo de lucro, uno de los escenarios que contempla la norma para dejar fuera del amparo legal ese delito.

Este jueves el Congreso de los Diputados ha aprobado por mayoría absoluta la ley de amnistía. Tras ello, los fiscales que participaron en el juicio del procés han hecho el primer movimiento en el ámbito judicial contra la norma. De esta manera, han trasladado al fiscal general del Estado un informe crítico con la ley, insistiendo en la inviabilidad que ven para amnistiar la malversación, lo que dejaría fuera a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras.

Atendiendo al texto de la ley de amnistía, la malversación queda excluida de la norma en determinados supuestos. Así pues, la redacción aprobada por el Congreso establece que este delito se incluye en la amnistía “siempre que no haya existido propósito de enriquecimiento”.

Es en esto en lo que se basan los fiscales para argumentar su postura, y es que, a su juicio, en el caso de los condenados o procesados por ese delito en el procés “existió apropiación de fondos públicos y ánimo de lucro, y por ende beneficio o enriquecimiento patrimonial”. También consideran que hubo un “indudable beneficio patrimonial e incluso enriquecimiento personal”, ya que entregaron esos fondos a “terceros con quienes habían concertado la ejecución de todas las etapas y fases del referéndum inconstitucional”.

“Fueron ellos quienes se apropiaron de fondos públicos”, haciéndolo además “con ánimo de lucro propio, no de terceros”. Por ello, creen que hubo “un enriquecimiento personal al poder disponer para sus ilícitos fines de fondos públicos”. “Incorporaron a su ámbito de dominio el dinero ocultado y escondido a los ojos de la intervención del Estado para sufragar los gastos de su proyecto institucional”, añaden.

Pasando al ámbito político, los fiscales exponen en su informe que, “la amnistía no formó parte del debate electoral, de modo que la ciudadanía ni fue informada ni fue consultada sobre la misma. No resulta extraño, por ello, que el rechazo a la misma sea ampliamente mayoritario en la sociedad española y que su utilización como moneda de cambio haya generado un clima de crispación y de confrontación en su seno”.