La Junta de Castilla y León eleva a 40,66 millones la cuantía total de las ayudas al alquiler de viviendas convocadas en 2023, cuando faltan unos días para que expire el plazo de seis meses previsto para la resolución de las solicitudes presentadas. Así lo recoge un extracto de la una orden del pasado 30 de mayo de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, que publica este lunes el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).
Igualmente, se reservan 630.045 euros para las solicitudes de personas arrendatarias en situación de vulnerabilidad sobrevenida. Si resultase algún sobrante de dicho importe se destinará al resto de las peticiones.
Hasta hora, la Consejería de Juan Carlos Suárez-Quiñones contemplaba un presupuesto de 19,72 millones para la convocatoria de 2023. No obstante, este departamento ya tenía previsto la posibilidad de incrementar la cuantía total en otros 14 millones, lo que no requerirá una nueva convocatoria, aunque siempre sujeto a la disponibilidad del crédito. Con ello, el importe total ascendería a 33,72 millones, lo que ya suponía 4,36 millones más que en 2022, si bien el montante se situará en 40,66 millones.
Por otra parte, esta modificación de la cuantía total se conoce días antes de que se cumpla la fecha límite para resolver las ayudas al alquiler de 2023, que debería cerrarse antes del 15 de junio. Según avanzó Ical hace unos días, Vivienda lanzó llamamientos a unos 8.400 solicitantes para que subsanaran algunas cuestiones y aportaran documentación extra.
Asimismo, ya no se harán más llamamientos para la subsanación de errores, tras los tres iniciados en marzo, abril y este mes de mayo. De hecho, da por cerrado este trámite administrativo sin atreverse a poner fecha a la resolución de la convocatoria, cuyo plazo en principio expira el 15 de junio, seis meses después de cerrarse el periodo de presentación de las solicitudes.
Los equipos de este departamento se han enfrentado desde el 15 de enero a una ‘montaña’ de 28.220 solicitudes, un 14,15 por ciento más que las 24.721 peticiones de la anterior edición. En esta ocasión, la opción de renovación para beneficiarios que no hayan visto modificadas su situación ha agilizado la revisión de los expedientes, porque no se ha pedido presentar de nuevo toda la documentación, salvo los recibos bancarios y un anexo si viven mayores de 14 años.
De las más de 28.000 peticiones, 6.294 llegaron a las ventanillas de la Administración autonómica de forma electrónica -1.980 de renovación- y 21.926 de forma presencial. En esta ocasión cuenta de forma inicial con un presupuesto de 19,72 millones, ampliable en otros 14, en función de las necesidades.
Por provincias, Valladolid es en la que se han presentado más solicitudes, un total de 6.475, seguida de León con 5.438 y Salamanca con 4.319. A continuación figuran Burgos (3.510), Segovia (2.230), Ávila (2.112), Palencia (1.663), Zamora (1.558) y Soria, con 915. La vía presencial fue la mayoritaria, con 21.926 expedientes, de los que 4.628 corresponden a la provincia vallisoletana, 4.298 a la leonesa, 3,130 a la salmantina, 2.836 a la burgalesa, 1.846 a la segoviana, 1.740 a la abulense, 1.273 a la zamorana, 1.370 a la palentina y 805 a la soriana.
En cuanto a las electrónicas, se contabilizaron en toda la Comunidad 6.294, de las que 1.980 fueron de renovación: Ávila (124), Burgos (231), León (330), Palencia (104), Salamanca (359), Segovia (128), Soria (27), Valladolid (573) y Zamora (104). El resto se distribuyeron entre las 248 de la provincia abulense, las 443 de la burgalesa, las 810 de la leonesa, las 189 de la palentina, las 830 de la salmantina, las 256 de la segoviana, las 83 de la soriana, las 1.274 de la vallisoletana y las 181 de la zamorana.
