Patricia Ramírez, madre del niño Gabriel Cruz, que fue asesinado por en 2018 por la que entonces era la novia de su padre, Ana Julia Quezada, pidió este martes un “pacto de Estado” para proteger a víctimas de la violencia que incluya, entre otros aspectos, que los condenados que están en prisión no puedan hacer “ni un documental ni una serie televisiva ni un libro”. Esta madre hizo esta petición durante su comparecencia en la Comisión de Interior de la Cámara Alta, a la que pidió acudir para poder explicar su caso.
Servimedia / ICAL. Esta víctima denunció ante los senadores cómo lleva semanas intentando frenar que se estrene un documental sobre el asesinato de su hijo, en el que estaría participando la autora desde la cárcel de Ávila, donde está. Aseguró que desde dentro de la prisión le informaron de que Quezada iba a cobrar por esta producción, tenía un móvil y se estaba comunicando con los periodistas mediante las llamadas reservadas a familiares y amigos, lo que sería irregular.
Tras su denuncia pública, Ramírez comunicó que la productora que estaba realizando el documental le ha comunicado que renuncia a ello, pero pidió que los partidos lleguen a un “pacto de Estado” que proteja en estos casos a las víctimas de asesinos, violadores y otros delitos violentos.
«Violencia mediática”
Patricia Ramírez explicó que este acuerdo debería incluir aspectos como que un preso condenado por delitos violentos graves, como un delito o una violación, “no pueda jamás realizar ni un documental ni una serie televisiva ni un libro”.
Añadió que las cárceles también deberían controlar las comunicaciones de los reclusos “si resultan dañinas para las víctimas”. Aludía así a que Instituciones Penitenciarias le trasladase que no puede impedir que condenados como Quezada se comuniquen con el exterior por escrito, ya que las telefónicas están controladas.
Sin embargo, Ramírez indicó que la ley es “muy clara” respecto a que un preso condenado por delitos graves no puede dar una “nueva versión” sobre un crimen ya juzgado y sentenciado “si la víctima no está de acuerdo”. Explicó que su demanda es que se haga algo similar al Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que, destacó, hace imposible que se vea en medios de comunicación o series a condenados que ponen en duda lo sentenciado por los jueces.
Además de pedir una mejora del Estatuto de la Víctima, consideró necesario que socialmente se establezcan unos “marcos mínimos” sobre determinadas informaciones en medios y redes sociales. Sostuvo que en la actualidad existe una “violencia mediática” relacionada con el consumo de asuntos relacionados con la violencia, que atraen por el “morbo” o el “espectáculo”.
