El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, cargó este jueves contra la “financiación a la carta” de Cataluña que defiende la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. “Es preocupante que plantee una financiación a la carta de una única comunidad autónoma porque rompe, nuevamente, el principio de igualdad entre todos”, advirtió.
Ical.- En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Carriedo aseguró que otorgar 15.000 millones de euros de condonación de la deuda a una comunidad va en perjuicio del resto de los territorios. “Pienso en los castellanos y leoneses que pagan sus impuestos y que sirven, no para mejorar sus servicios público, sino para abonar un precio político que permita que Pedro Sánchez siga en el Gobierno”, aseveró
En este sentido, añadió que si la amnistía fue el precio político a cambio de la investidura, esta financiación a la carta es el precio económico que se paga para que Sánchez esté en La Moncloa, pero no es algo que paga el Gobierno sino todos los españoles.
El consejero reiteró que la financiación autonómica se tiene que negociar entre todos, en condiciones de igualdad, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, del que solo ha habido una reunión esta legislatura y la que no acudió la consejera de Hacienda de Cataluña. “Ahora, vemos que esas palabras encuentran respuesta en la ministra de Hacienda, que rompe la igualdad entre españoles, creando una financiación a la carta para los separatistas de Cataluña y otra, para el resto”, reiteró. Fernández Carriedo subrayó que la Junta no puede aceptar esta situación y defenderá los intereses de Castilla y León.
Preguntado por los 51 millones mensuales que reclama la Junta al Gobierno como entregas a cuenta, Carriedo respondió que el Ejecutivo autonómico dispone del Presupuesto de la Comunidad, aprobado por las Cortes, pero reconoció que gastan un dinero que aún no ha llegado, por lo que se crea un problema de tesorería.
A su juicio, el Gobierno de España tiene un retraso que no es “imputable” a la incapacidad para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado si que hay otras cuestiones. Citó que aún no esté aprobada la actualización de la retribuciones de los empleados públicos para el año 2024, seis meses después.
“El Gobierno debe centrarse, no digo en hacer verdaderas transformaciones para mejora la vida de la gente o que apruebe alguna ley, además de la amnistía, pero sí en lo normal y habitual, de mero trámite como es esta actualización o la de la evolución del sistema de financiación autonómica”, sentenció.
