Los miembros de la Junta de Fiscales de Sala han respaldado por 19 votos a favor y 17 en contra la posición defendida por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien considera que procede amnistiar todas las conductas vinculadas con el referéndum del 1-O, entre ellos los delitos de malversación.
El órgano ha mantenido una reunión este martes, que se ha prolongado durante más de cinco horas y en la que han participado 37 fiscales. De ellos, 19 han respaldado la tesis de García Ortiz (incluido el voto del propio fiscal general), 17 han votado en contra -apoyando así el planteamiento de los cuatro fiscales del procés- y uno se ha abstenido.
En el caso de García Ortiz, defiende que la amnistía se aplique a todos los delitos relacionados con el referéndum del 1-O, incluida la malversación que afecta entre otros a Carles Puigdemont, y pide levantar la orden de detención contra este último. Por el contrario, los cuatro fiscales que ejercieron la acusación en el juicio del procés (Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno) consideran que el desvío de fondos para el referéndum ilegal debe quedar fuera de la amnistía, y tampoco son partidarios de levantar la orden de detención.
Los fiscales Zaragoza, Madrigal, Cadena y Moreno debían pronunciarse sobre la aplicación de la amnistía a los encausados por el procés. Si bien, optaron por elevar el conflicto a la Junta de Fiscales de Sala por considerar “improcedente” y “contraria a las leyes” la orden de García Ortiz, conminándolos a que hicieran un pronunciamiento favorable a amnistiar todos los delitos.
Pese a que la votación ha respaldado la tesis de García Ortiz, este había dejado claro que no era vinculante y mantendría su criterio. En cualquier caso, será el Tribunal Supremo el que tenga la última palabra sobre la aplicación de la medida de gracia a los encausados por el procés.
En el debate sobre la malversación, los cuatro fiscales han argumentado su rechazo a incluir este delito al considerar que los independentistas gozaron de un “beneficio patrimonial” y hubo un “ánimo de lucro” por su parte al apropiarse de dinero público para pagar a quienes ellos mismos habían contratado para llevar a cabo el procés. Sin embargo, García Ortiz señala que el desvío de fondos fue “limitado” a la consulta ilegal y debe ser amnistiado.
