Los grupos Popular y de Vox mantuvieron este jueves sin cambios ni correcciones el texto de la proposición de ley de concordia de Castilla y León pese a la decisión del Tribunal Constitucional de suspender de forma cautelar la de Aragón al admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno.
Ical.- En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, que ordenó el debate de política general que se celebrará la próxima semana en las Cortes, Miguel Ángel García Nieto (PP) y Carlos Menéndez (Vox) afirmaron que se trata de un texto de consenso entre ambos grupos y que es constitucional.
Ante el anuncio del Gobierno de recurrir estas leyes en las comunidades en las que se sustituya la memoria histórica por normas de concordia, Menéndez afirmó, tras recalcar que se trata de una iniciativa consensuada y recogida en el acuerdo de gobierno con el PP, que “a día de hoy” no se plantean correcciones vía enmienda para evitar que ocurra como con la ley de Aragón, suspendida de forma cautelar.
No obstante, recordó que se abrirá una tramitación en la que cabe la posibilidad de que los grupos presenten enmiendas, ya sea en conjunto, por separado o que se pueda transaccionar, a lo que apostilló que su grupo está “abierto al diálogo”, si bien matizó que se refería a un proceso que se abrirá en el próximo periodo de sesiones.
“Es un texto firmado por los dos grupos, es constitucional y no tiene hasta el momento ninguna duda”, argumentó después García Nieto, portavoz adjunto del Grupo Popular, aunque sí reconoció que la admisión del recurso del Gobierno es “un escollo a tener en cuenta”.
Preguntado en este punto sí eso supone que presentarán enmiendas para evitar el recurso del Gobierno, afirmó de manera tajante que “de momento no se mueve nada de un texto que es constitucional”.
Finalmente, en relación a sí el texto “está atado” con el PP, que en algún momento dejó abierta la puerta a presentar enmiendas, el portavoz de Vox insistió en que se registró por ambos grupos tras un trabajo conjunto y de consenso, en el marco del cumplimiento de uno de los puntos del pacto de gobierno.
Tanto la oposición como el Gobierno y las asociaciones de la Memoria Histórica han criticado que la ley blanquee la dictadura franquista y equipare a las víctimas de este régimen con sus verdugos.
