Hace unos días se aprobaba en el Congreso de los Diputados, el anteproyecto de Ley Orgánica de las personas menores de edad en entornos digitales.
Una Ley que necesitara de un consenso generalizado y que se muestra ambiciosa, ante lo que atañe a un mundo digital en ocasiones desconocido y aparentemente controlado por manos pequeñas, que a veces, no son conscientes del peligro que se esconde en un mundo viral y aparentemente anónimo.
Se contempla, la subida de la edad del menor para tener redes sociales y puede aparecer la ley y la trampa, burlando la responsabilidad de quienes dejan en manos de sus hijos, su propia vida y la de otros. La verificación de edad y de la persona, ya existe y aquí si la verificación es falseada, la responsabilidad de quien lo haga se puede exigir.
Aparecen las órdenes de alejamiento digitales y las revisiones pediátricas para detectar adicciones. Vuelve a aparecer la palabra protocolo y hay que pensar, que, en un país, donde sus médicos y sanitarios se están marchando, retener el talento para llevar a cabo esta Ley y otras cuantas, también se debe tener en cuenta y prever como hacer las cosas antes de ponerlas en el papel, sin que después haya decepciones.
Los fabricantes de teléfonos estarán obligados a vender el terminal con controles parentales, que se activaran al activar el teléfono, aunque muchos fabricantes de móviles se rigen por normativas de otros países y puede ser un problema.
Así mismo, se modificarán parcialmente artículos del Código civil y de la Ley Orgánica 8/2021 de protección a la infancia para garantizar la protección al menor, sin que pierda los derechos que la propia Constitución le otorga.
Se regula el uso del móvil, en centros educativos con ciertas excepciones y en estas excepciones, siempre hemos insistido. Una menor víctima de maltrato, que siente seguridad con un móvil, porque sabe que, pulsando un botón, será localizado y ayudado, tiene que entrar dentro de esas excepciones siempre y eso ha sido motivo de discordia personal en algún centro de Salamanca. No es un capricho, no son ‘cosas de padres’, es buscar la seguridad y bienestar de alguna forma, aunque ello implique un conflicto entre partes.
Leyes que hacen falta, sin dudarlo, pero coherencia, responsabilidad y seguimiento porque no todo funciona y no todo se hace, aunque se alardee del buen funcionamiento de ciertas leyes, que realmente no se están llevando a cabo, ni están funcionando.
Hablamos de menores, de vidas humanas y de protección, sin olvidar la educación y la prevención, que realmente es lo que se debería practicar, en un país en el que hasta que no es mediático, no se interviene y ahí radica el fallo, una vez más.
No solo es ‘blindar’ al menor en entornos digitales, sino crear espacios seguros a los que acude todos los días, centros educativos donde haya seguridad y no disculpas que acaben empoderando a quienes se ven fortalecidos por sus malas acciones y por quienes justifican estas.
Educación digital sin dudarlo, sin olvidar la educación en valores a pie de calle y la responsabilidad de quienes tienen la potestad de educar. Teniendo en cuenta el mal uso y abuso que se hace en entornos digitales, unas veces por desconocimiento y otras con intención.
