El expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont ha presentado este martes una querella contra el juez Joaquín Aguirre, titular del Juzgado de Instrucción nº1 de Barcelona. En la denuncia, acusan al magistrado de los delitos de prevaricación y malversación por la investigación por traición en la supuesta trama rusa del procés.
Carles Puigdemont, el jefe de su oficina, Josep Lluís Alay, y su abogado Gonzalo Boye, han presentado este martes ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Tsjc) una querella contra el magistrado Joaquín Aguirre por los presuntos delitos de prevaricación y malversación.
En su denuncia, Puigdemont, Alay y Boye aseguran que la apertura por parte de Aguirre de una pieza separada sobre la supuesta trama rusa del procés es “arbitraria, estrafalaria e injusta”. Por ello, solicitan el cese provisional del juez en la investigación, quien atribuye a los tres querellantes un delito de traición, que no está incluido en la amnistía.
Además, en la querella defienden que Aguirre abrió la investigación por traición con el único objetivo de impedir que Puigdemont se beneficie de la amnistía. Por ello, sostienen que el magistrado ha empleado un mecanismo “ilegal” para abrir la pieza, “burlando” la resolución de la Audiencia de Barcelona “con el ánimo de prevaricar, de torcer el derecho” y por “su caprichosa voluntad de salvar un procedimiento que estaba condenado al sobreseimiento libre”.
Todo ello habría supuesto un “sinfín de gastos ilícitos para las arcas públicas”, así como un “bochorno para el conjunto de las administraciones de justicia, que ha de ser la primera interesada en que este tipo de comportamientos no tenga lugar ni sirvan de efecto llamada para nadie”
También acusan a Aguirre de “desobedecer” la orden de la Audiencia de Barcelona, “dinamitando el sistema judicial, el Estado de derecho”, erigiéndose en “único juez, que todo lo puede frente a todos, incluidos los órganos superiores que resuelven recursos de apelación contra sus resoluciones”, y generando un gasto público “ilegal” al investigar el caso que la Audiencia le había impedido.
