El Consejo de Ministros aprobó este martes una modificación que establece los requisitos sanitarios para la prevención y control de la legionelosis con el objetivo de mejorar la seguridad y claridad en la gestión de las instalaciones que utilizan agua y pueden producir aerosoles, reduciendo así el riesgo de legionelosis para la población.
Servimedia / ICAL. La norma introduce cambios. Uno de ellos es la redefinición del concepto de ‘titular de la instalación’, ampliando su alcance para incluir no solo a los propietarios, sino también a los explotadores de las instalaciones, garantizando así una mayor seguridad en la responsabilidad del cumplimiento normativo.
Además, se especifica que, en caso de que la instalación sea operada por una entidad distinta al propietario, la responsabilidad del cumplimiento de las obligaciones recaerá en la persona explotadora, a menos que se pueda demostrar lo contrario documentalmente.
Otro cambio es que ahora se exige que la toma de muestras para la determinación de ‘Legionella’ se realice exclusivamente por entidades o empresas acreditadas según la Norma UNE-EN-ISO/IEC 17025:2017.
Control más eficaz
Esta medida asegurará que los procedimientos de muestreo se lleven a cabo con la máxima calidad y precisión, permitiendo un control más eficaz de la legionelosis. Se concederá un periodo transitorio hasta el 1 de enero de 2030 para que las empresas obtengan dicha acreditación.
Además, se flexibilizará la gestión del agua en ciertas instalaciones, permitiendo la recirculación sin vaciado total en determinados casos, siempre que no se comprometa la salud pública, facilitando así una gestión más eficiente en términos económicos y energéticos.
El proceso de elaboración de esta norma incluyó los trámites de audiencia e información pública y se recabaron los informes pertinentes, asegurando la participación de los sectores potencialmente afectados y las comunidades autónomas.
