La Fiscalía ha recurrido la postura del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena de no amnistiar el delito de malversación del expresidente catalán Carles Puigdemont. Según defiende el Ministerio Público, en las actuaciones del exlíder independentista no hubo ni enriquecimiento personal ni daño a los intereses financieros de la UE, las dos excepciones que contempla le ley de amnistía para no perdonar la malversación.
En su recurso de reforma, subsidiario de apelación, la Fiscalía ha solicitado a Llarena que rectifique su posición y aplique la amnistía al delito de malversación de Puigdemont y los demás exconsejeros fugados de la justicia. Según defienden la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, y el fiscal jefe de lo Penal, Joaquín Sánchez Covisa, “el Ministerio Fiscal discrepa” de la postura de Llarena porque “no es ajustada a Derecho”.
“Consideramos que la amnistía prevista por la LO 1/2024 es aplicable a los derechos que son objeto de investigación de esta Causa Especial”, exponen, añadiendo que “la voluntad del legislador es clara”, por lo que “no cabe otra opción que la aplicación de la amnistía”.
Además, si bien recalcan que “no discute que los hechos investigados sean constitutivos de un delito de malversación”, puntualizan que en el caso de los líderes del procés no hubo ni enriquecimiento personal, ni perjuicio para los intereses económicos de la Unión Europea, las dos excepciones que contempla la ley de amnistía. Además, piden que se levante la orden de detención que pesa contra Puigdemont y el resto de encausados.
Por su parte, el juez Llarena rechazó el pasado lunes 1 de julio amnistiar el delito de malversación que atribuye a Puigdemont y a los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig, manteniendo asimismo las órdenes de detención contra ellos. Según el criterio del magistrado, todos ellos obtuvieron un beneficio personal al sufragar el referéndum del 1-O con dinero público, al tiempo que hubo un daño económico para la UE.
