El sindicato CCOO en Castilla y León exigió este sábado a la Junta una programación plurianual para sus universidades públicas que permita aprobar un plan de financiación “suficiente” para que los centros universitarios de la Comunidad dependientes del Gobierno autonómico cuenten con una capacitación económica “adecuada” para cumplir con los preceptos de la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).
ICAL. Según refleja el sindicato en un comunicado remitido a Ical, las universidades públicas de Castilla y León han enfrentado, en los últimos años, “una insuficiente financiación pública” que ha provocado “disfunciones en la configuración del profesorado” debido a las bajas tasas de reposición, la precarización de parte de los docentes y el envejecimiento de la plantilla, “poniendo en riesgo la sostenibilidad y calidad del sistema universitario” de Castilla y León.
La aprobación de la LOSU, en abril del pasado año, pretendía precisamente “abordar reformas esenciales para resolver estos desajustes y atender las necesidades” de las universidades. Sin embargo, CCOO considera también necesario que la Junta de Castilla y León “adopte la normativa autonómica a la nueva ley orgánica” con la modificación del Decreto sobre el régimen del personal docente e investigador y el Decreto sobre sus complementos retributivos.
Para ello, la Federación de Enseñanza de CCOO en Castilla y León solicita a la Junta la creación de una mesa de negociación con las organizaciones sindicales más representativas del personal de las universidades públicas para garantizar el “adecuado cumplimiento” de la LOSU en relación a las retribuciones adicionales para el personal docente e investigador y a las autorizaciones para las convocatorias de las plazas de estabilización del profesorado.
En esa mesa también se negociaría la programación plurianual para que las universidades públicas cuenten con “un plan de financiación” que permita “desbloquear” la negociación de los convenios colectivos, tanto del personal técnico de gestión y administración como del profesorado contratado, “que están bloqueados por parte de las universidades con el argumento de que no tienen recursos económicos suficientes para hacer frente a las necesidades de las universidades en materia de personal”.
