El Tribunal Constitucional ha anulado la condena de cárcel del expresidente socialista de Andalucía José Antonio Griñán, al tiempo que ha solicitado una rebaja de la inhabilitación de Manuel Chaves, su predecesor en el cargo. El tribunal de garantías ya anuló condenas a otros exaltos cargos de la Junta de Andalucía por el caso de los ERE.
El pleno del Tribunal Constitucional, con el voto en contra de los cuatro magistrados conservadores, ha estimado parcialmente los recursos de los expresidentes José Antonio Griñán y Manuel Chaves. Ha anulado la condena de seis años de cárcel para el primero, mientras que ordena a la Audiencia de Sevilla que revise la inhabilitación de ambos a la baja, según ha informado el TC en un comunicado.
En el caso de José Antonio Griñán, condenado a 6 años de prisión por malversación y a 15 de inhabilitación por prevaricación, el Constitucional considera que se vulneró su derecho a la legalidad penal y a la presunción de inocencia. Además, respecto a las condenas por malversación, pese a reconocer que podría existir delito, matizan que no existen argumentos suficientes, por lo que exoneran por completo al expresidente de la pena de prisión. En cuanto a la prevaricación, devuelve el caso a la Audiencia Provincial de Sevilla con la petición de que lo revise a la baja, ya que considera que únicamente debe ser juzgado por las actuaciones de los años 2000 y 2001.
Tras esta decisión, el abogado de Griñán, José María Calero, ha calificado el fallo judicial como una “buenísima noticia” y se ha mostrado satisfecho tras lograr el “final deseado y conseguido con esfuerzo”. Si bien, lamentaba el “tratamiento muy duro” que ha sufrido su defendido, añadiendo que, “es difícil que después de tanto tiempo sufriendo ese daño irreparable pueda tener compensación”. “Pero ha quedado claro que en ningún momento prevaricó y en ningún momento sustrajo ni permitió que nadie sustrajera fondos públicos”, zanjaba.
Por su parte, en el caso de Manuel Chaves, condenado a 9 años de inhabilitación por prevaricacion, el TC considera que se vulneró su derecho a la legalidad penal. También aseguran que debe ser sentenciado por prevaricación, pero solamente por lo relativo a las modificaciones presupuestarias de los años 2000 y 2001 (pero no por las actuaciones entre 2002 y 2009). Por tanto, la Audiencia de Sevilla deberá dictar una nueva sentencia acorde al dictamen del Constitucional, por lo que la condena será menor.
“Por fin se ha hecho justicia”, ha asegurado Chaves, insistiendo en que “vinieron a por nosotros”, pero “no había trama política, ni confabulación, ni había nada, y ahora ha quedado todo demostrado”. El expresidente, que ha denunciado que el PP ha tratado de “destruirles política y personalmente”, añadiendo que, “su montaje ha quedado al descubierto y cada vez más ciudadanos están conociendo la verdad de lo que ha sucedido”.
A criterio del pleno, algunos de los actos condenados como prevaricación o malversación, como la aprobación de anteproyectos y proyectos de presupuestos, no pueden ser considerados delito. Asimismo, apuntan que en otros casos, actos como el pago de ayudas a destinos irregulares, aunque puede ser considerado delito, las sentencias de condena carecen de argumentos suficientes.
En las últimas semanas, el TC viene revisando los recursos presentados por los exaltos cargos de la Junta de Andalucía condenados por el caso de los ERE. En este sentido, han anulado condenas como la de Carmen Martínez Aguayo, o pedido revisar a la baja otras como las de Antonio Fernández o Jesús María Rodríguez.
