El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado este miércoles los principales puntos de su plan de regeneración democrática, que afectará, entre otros, a los medios de comunicación. De esta manera, Sánchez ha planteado que estos hagan pública su propiedad y detallen cómo se financian. También propone reformar la ley de publicidad institucional.
Pedro Sánchez ha detallado este miércoles en el Congreso de los Diputados las líneas generales del plan de regeneración democrática que anunció hace ya casi tres meses y que expondrá próximamente a los diferentes grupos parlamentarios. El plan se centrará principalmente en la profundización de la transparencia de la administración y, aún más especialmente, de los medios de comunicación.
“Sin medios libres y de calidad no hay democracia”, ha recalcado Sánchez, quien ha propuesto que se obligue por ley a los medios a informar de quiénes son sus accionistas y de dónde procede su financiación. “Los ciudadanos deben poder conocer las fuentes de financiación de los medios, el nombre de sus accionistas y sus cifras de audiencia”, indicaba al detallar que la idea pasa por “fijar nuevos estándares de transparencia sobre la propiedad, la asignación de publicidad institucional y la medición de audiencias de los medios de comunicación privados”.
Además, pretende reformar la ley de publicidad institucional, “aprobada hace casi 20 años, cuando se leían más en papel que en pantalla y no había redes sociales”, para “limitar la financiación que las administraciones pueden dedicar a los medios para que no haya ninguno que tenga más financiadores públicos que lectores”.
Sánchez ha resumido la reforma en cuatro grandes principios: “transparencia, independencia, pluralismo y protección”. Así pues, su objetivo pasa por “establecer salvaguardas para combatir las injerencias políticas en las decisiones editoriales, proteger a los periodistas y a sus fuentes y garantizar la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación”.
Por otro lado, el presidente buscará establecer “medidas para proteger la independencia editorial y los derechos de los profesionales (…) para evitar las presiones en el ámbito político y empresarial”, así como mecanismos “para evitar la concentración de medios en pocas manos” o “una nueva reforma de la Ley Mordaza en lo relativo a la libertad de expresión”. “No es la intención del Gobierno repartir carnets de fiabilidad de los medios”, dejaba claro Sánchez, quien insistía en que lo que buscan es “garantizar una información veraz”.
Finalmente, ha alertado de la proliferación de bulos, “pseudomedios” y fake news. “El consumo reiterado de noticias falsas está ligado al auge de la ultraderecha o de la xenofobia, el antisemitismo y la homofobia”, ha defendido, poniendo algunos ejemplos, como la creencia de que la economía española está en crisis, “cuando en realidad es una de las más prósperas de Europa”, o que este tipo de bulos “han hecho que el 34% de los ciudadanos tema que alguien ocupa su casa, cuando este problema afecta a menos del 0,6% de las viviendas”.
