El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, aseguró que la Junta pondrá “la mejor voluntad” para aprobar este año la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2025, tras la ruptura del Gobierno por parte de Vox y que deja al Grupo Parlamentario Popular en minoría en las Cortes. Por ello, apeló al a “responsabilidad” de los grupos para sacar adelante las cuentas autonómicas, que ya cuentan con la orden de elaboración del Presupuesto y un primer borrador de la ley de medidas y acompañamiento. “Seguiremos avanzando en esa dirección”, dijo Carriedo.
Vaticinó que la Junta “tratará de encontrar el respaldo parlamentario para su aprobación”. “No depende de nosotros, pero pondremos nuestra mejor voluntad para aprobar esa ley y los grupos parlamentarios tendrán que asumir su responsabilidad”, trasladó, si bien expresó que el Ejecutivo es “muy respetuoso” con las Cortes.
Por otro lado, se refirió también a la advertencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) sobre la posibilidad de superar la regla de gasto del 2,6 por ciento. El consejero señaló que esta entidad hace un análisis de las administraciones públicas españolas, “toda vez que comenzamos la senda de regresar a las reglas fiscales que establece la UE, que son en torno a tres variables: deuda, déficit y regla de gasto o evolución del gasto neto primario”. En este sentido, apuntó que Castilla y León “es de las regiones menos endeudadas de España, por debajo del 20 por ciento del PIB, y un nivel de deuda que se ha venido reduciendo en los últimos ejercicios”. Además, remarcó que cuenta con un nivel de déficit público “también entre los más reducidos del conjunto nacional, por debajo de la media”.
Carriedo explicó que lo que resalta Airef es la “importancia de la puesta en práctica en el futuro inmediato de esta regla de gasto o el incremento del gasto sobre el año anterior de las administraciones públicas, lo que se llama gasto neto primario, que significa la dificultad que todas las autonomías y el Gobierno de España tienen de que el incremento del gasto público quede por debajo del 2,6 por ciento de crecimiento respecto del año anterior”. “Es una advertencia que, respecto de esta variable, hace con carácter general Airef para las 17 comunidades, incluidas las de régimen foral. Y que en función de las competencias asumidas de las autonomías, hay una dificultad para que el crecimiento del gasto en estas variables quede por debajo de ese porcentaje sin comprometer los servicios públicos esenciales”, mencionó.
A su juicio, el nuevo Ejecutivo de la Comisión Europa “tendrá entre sus primeras medidas redefinir cuáles son los principios básicos de aplicación de esta regla de gasto y cuáles son las variables técnicas para la misma”. “Nosotros caminamos hacia la senda de la estabilidad fiscal. Tenemos la ventaja de que disponemos de mejor solvencia financiera, de menos deuda que otras comunidades y déficit, pero somos conscientes de que debemos hacer frente a una serie de servicios que son muy costosos y cuya evolución en el gasto quizás esté por encima de ese 2,6 por ciento y que según la Airef estaríamos en condiciones de superar todas las comunidades y el Gobierno”, admitió.
En todo caso, aclaró que la reducción de impuestos anunciada por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, durante el debate de política general, “no condiciona esta variable, porque determina el porcentaje del incremento del gasto respecto al año anterior, no tiene en cuenta los ingresos”.
Nuevo modelo de financiación
Para concluir, en el área económica, el consejero recordó que en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) el Gobierno central planteó que el déficit sería del 2,5 por ciento para todas las administraciones públicas, porcentaje del que el Ejecutivo central se guarda 2,4 puntos y deja una décima para el resto. También se trasladó que comunicará las entregas a cuenta a las autonomías en los “próximos días”, dijo Carriedo.
Sentenció que el objetivo de la Junta “no es tanto pedir un dato concreto de margen de déficit público, sino un nuevo modelo de financiación autonómica”. “No queremos más margen de deuda, sino mejor financiación”, insistió, por lo que recordó que hasta 14 comunidades instaron al Gobierno a añadir ese punto en el orden del día, sobre el que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, “no planteó ni plazos, ni tiempo, ni calendario ni modelo de trabajo, ni la posición del Gobierno para nuevas variables de financiación autonómica”.
Por ello, reiteró que “no se trata de exigir más capacidad de deuda o déficit, sino financiación adecuada y suficiente en función del coste efectivo para financiar estos servicios públicos”.
Fernández Carriedo reconoció “un poco de miedo y preocupación” por las reuniones mantenidas en torno a la posible financiación autonómica entre el Gobierno y “partidos separatistas”, y que incardinó en el marco de la “investidura del propio Gobierno y de la Generalitat de Cataluña”. “Somos contrarios a negociaciones bilaterales. Lo que afecta a todos tiene que decidirse entre todos. No queremos que se decida entre dos y lo que sobre para el resto”, concluyó.
