Ecologistas en Acción de Salamanca reclama al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) una investigación profunda del problema del agua en la provincia de Salamanca.
Recuerdan que la provincia de Salamanca se enfrenta un verano más a cortes de agua en muchos municipios por contaminación con plaguicidas. Muchos municipios como Cantalpino, sufren este problema de forma persistente cada año y no solo en verano y otros como Villoruela, se han dejado mucho dinero público para intentar ofrecer agua limpia a sus vecinos. Algunos de estos plaguicidas son de uso ilegal como el Metolacloro en todas sus variedades.
El 28 de julio de 2010, las Naciones Unidas proclamaron “el derecho al agua potable y al saneamiento como un derecho humano esencial para la vida”. El agua es un bien de consumo de primera necesidad. «Sin embargo, de manera sistemática, la ciudadanía de Salamanca ve mermado ese derecho y se ve obligada a coger agua de cisternas o peor aún, a comprarla embotellada», dicen los ecologistas.
«Los mismos que este invierno cortaban carreteras y calles de la ciudad, un año más contaminan el agua con el uso de plaguicidas, algunos de ellos ilegales como el metolacloro. La agricultura industrial que tenemos en Salamanca está envenenando nuestra agua», afirman los ecologistas.
Esto no es una cuestión menor, añade Carolina Martín, presidenta del grupo local de Ecologistas en Acción de Salamanca. «es un asunto de salud pública y las administraciones tienen que tomarse este tema en serio y hacer todo lo que esté en sus manos y nos consta que no lo están haciendo. Tanto la Diputación como la Confederación Hidrográfica del Duero tienen competencias en materia de agua potable que no están cumpliendo. También los ayuntamientos en este caso eluden sus competencias y, por último, la fiscalía debería actuar de oficio e instar a la Guardia Civil a investigar la venta de herbicidas y plaguicidas de uso ilegal en la provincia. Desde Ecologistas en Acción interpondremos una denuncia en fiscalía para que tome cartas sobre el asunto».
Agregan que «son miles de ciudadanos y ciudadanas que ven impedido su derecho al agua potable de forma sistemática y esto cae en saco roto, parece no importarle a nadie, mientras que los que usan estos plaguicidas, no tienen ninguna responsabilidad. Aquí no se aplica la frase de quien contamina paga y debería”, matiza Martín.
“El bien público decae por los intereses de quienes utilizan el herbicida no autorizado y de aquellos otros que, si bien usan pesticidas autorizados, lo hacen sin el debido control y prudencia y sin hacer lo que están obligados, el control integral de plagas”, afirma Koldo Hernández, responsable del área de agua de Ecologistas en Acción.
También fracasa la protección a las personas por el silencio cómplice de aquellos que son conocedores de estas prácticas y que, pudiendo hacer algo, optan por mirar hacia otro lado e incluso culpan al cambio de normativa que se ha vuelto más restrictiva bajando los niveles.
Basta con revisar el Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo (SINAC) para ver las analíticas de agua potable y comprobar estas denuncias. De esta forma, se refleja que desde hace varios años el metolacloro está presente en nuestras aguas, incluso cuando los valores eran más permisivos, el mejor ejemplo es Cantalpino.
“Mientras las autoridades locales, provinciales, autonómicas y nacionales se llenan la boca de retos demográficos, permiten que la España vaciada se vacíe aún más porque su agua está envenenada”, afirma Martín.
