El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recuperado el concepto de Estado federal para defender las negociaciones bilaterales con Cataluña y el acuerdo entre el PSC y ERC para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Fue en 2013 cuando PSOE y PSC sellaron la ‘declaración de Granada’, en la que acordaron avanzar en federalismo como respuesta al procès.
Ante las tensiones surgidas a raíz del acuerdo entre el PSC y ERC para investir a Salvador Illa, Pedro Sánchez ha vuelto a recuperar un concepto que los socialistas ya utilizaron hace años para responder al procès: el federalismo. De esta manera, en su balance del curso político este miércoles, Sánchez defendía el acuerdo con ERC y la negociación bilateral con Cataluña asegurando que supone un paso en la “federalización del sistema autonómico”.
Pese a que el concepto del Estado federal llevaba varios años aparcado, fue en 2013 cuando PSOE y PSC lo incluyeron en la conocida como ‘declaración de Granada’. Allí, ambos partidos sellaron una propuesta para modificar la Constitución en un sentido federal. Esta era la respuesta de los socialistas ante los primeros coletazos del procès catalán.
En el documento se contemplaba la conversión del Senado en una cámara de representación autonómica, así como “constitucionalizar” las competencias del Estado. También se incluyó una de las principales demandas del PSC, el principio de “ordinalidad” en la financiación autonómica, o lo que es lo mismo, limitar la solidaridad de Cataluña con el resto de territorios.
Ahora, el federalismo y el principio de ordinalidad han vuelto a ponerse sobre la mesa a raíz de las negociaciones para investir a Illa. Es más, el primero está incluido en el documento firmado por PSC y ERC, ya que ambas formaciones se comprometen a avanzar “hacia un modelo tributario federal con una mayor capacidad normativa, de gestión, recaudación, liquidación e inspección”.
En cuanto a la ordinalidad, también queda recogida en el acuerdo, donde se habla de que Cataluña debe contribuir a la “solidaridad” con las demás regiones, pero “esta solidaridad debe estar limitada por el principio de ordinalidad”. También se contempla que las contribuciones de cada territorio por habitante deberán ser proporcionales a lo que reciben, algo para lo que sería necesario un cambio “estructural” del sistema de financiación y que, en caso de no producirse en 2025, se requerirían “medidas compensatorias”.
