La ‘finansiación’ de las Españas

No puedo comprender qué país tan raro es España. Las costumbres populares y el ceremonial de la Corte son completamente extraordinarios. (…) Descubrí que cada gallo tiene una España y que la lleva debajo de las plumas.
(Nicolai Gógol, Diario de un loco).

Se reinicia el curso político y el tema estrella es -y lo seguirá siendo por mucho tiempo- el de la financiación de las comunidades autónomas (o finansiación, según la prosodia castiza de la ministra Montero). A riesgo de meter la pata, pues no se conoce exactamente cuál es el plan del Gobierno, me atrevo a hacer algunas reflexiones.

Se reprocha a los catalanes cierto egoísmo al tratar ese asunto, pero lo cierto es que nadie está libre de ello, de modo que, por una causa u otra, o varias, todos hablan de hacienda “propia”, “diferencial” o ”singular”, que merecería un trato exclusivo por parte del Estado. (Y menos mal que ya parece haberse olvidado lo de la “deuda histórica”, que años atrás se esgrimía, en Castilla y León sin ir más lejos, evocando agravios seculares). Me parece que resolver este problema es como la cuadratura del círculo, pues partimos de una Constitución que, lejos de ser centralista y uniformizadora, como lo fueron las del siglo XIX o lo son las francesas, reconoce la diversidad de los pueblos de España, de modo que, si nos atenemos a las solemnes declaraciones de los estatutos de autonomía nos encontramos con todo un surtido de fórmulas. Y ello sin duda tiene que ver con el problema que comentamos y con otros.

Si seis comunidades se definen como simplemente autónomas (Cantabria, Castilla y León, La Rioja, Valencia, Madrid y Extremadura), Asturias añade que es también “Principado” y otras cinco se presentan como nacionalidades: País Vasco, Galicia, Aragón, Andalucía y Baleares, mientras que Canarias reúne las condiciones de Comunidad Autónoma y nacionalidad y Cataluña las de nacionalidad y nación. Ceuta y Melilla quedan como meras “Ciudades Autónomas”. Así pues, más que de España quizá convendría hablar de “las Españas”, como teorizó el republicano Anselmo Carretero y ya hizo la Constitución de Cádiz, que incluía bajo su ley a los españoles de América.

Desde luego, no se trata de definiciones gratuitas, aunque solo sea porque reflejan los rasgos diferenciales y la voluntad política de cada una. Y porque la historia, a la que apelan la mayoría de los estatutos, justifica muchas de ellas, si no de todas. Pero el problema es que, aunque han pasado más de 40 años desde que se aprobó el último estatuto (que fue el de Castilla y León en 1983) esa complejidad política y cultural ha dificultado el cierre institucional del sistema y da lugar a endémicos conflictos, ahora cultivados por los nacionalistas, la derecha y la ultraderecha, y usados como munición política.

Veremos en qué para el asunto de la financiación autonómica. De entrada, convendría denunciar la incoherente e irresponsable actitud de algunos presidentes autonómicos, como Fernández Mañueco que, por un lado, exigen al Gobierno Central o a la Unión Europea más atención y más gasto público y, por otra parte, desde hace años se dedican a rebajar el IRPF y a suprimir o limar los impuestos que repercuten en los más pudientes (patrimonio, sucesiones, donaciones). La ley del embudo, vaya.

Aunque pueda mejorarse, Castilla y León es una de las comunidades que más se beneficia del principio de solidaridad interterritorial, que, para que sea tal, debe ser recíproco. Al final, dadas las peculiaridades de España, el sistema de reparto fiscal no podrá dejar de ser discriminatorio; la clave está en que lo sea para todos y que resulte positivo. En eso estamos.