Trampantojo: “Trampa o ilusión con que se engaña a alguien haciéndole ver lo que no es” (Diccionario RAE dixit). Algo así consideran, excepto PP y Vox, todos los partidos con representación en las Cortes de Castilla y León sobre la nueva Ley que supuestamente garantiza la prestación de los Servicios Públicos Esenciales gestionados por la Comunidad Autónoma. En la primera sesión plenaria del nuevo curso parlamentario, los exsocios que han compartido en los dos últimos años el gobierno de la Junta no han conseguido que ni uno solo de los otros 37 procuradores autonómicos respaldara ese brindis al sol que ambos convinieron antes de su abrupta ruptura (abrupta por parte de la ultraderecha, que fue quien rompió, y a mayor gloria del PP, que se ha sacudido de encima ese lastre y ha pasado a disponer en su totalidad del centenar de altos cargos del Ejecutivo autonómico).
Nadie, ni siquiera los pardillos de “Soria ¡Ya!”, han comprado una mercancía averiada que no garantiza absolutamente nada. Afirma el procurador socialista en materia sanitaria, Diego Moreno, que dicha Ley tiene como objetivo “crear la imagen ilusoria de que al PP le preocupa algo el medio rural”. Personalmente, estaría plenamente de acuerdo si suprimiera de la frase “el medio rural” y lo sustituyera por “los servicios públicos”. Porque los problemas de la Sanidad, la Educación, la Dependencia y otros servicios no son exclusivos del mundo rural. También los sufren y padecen los urbanitas.
El anterior vicepresidente de la Junta y heroico superviviente electoral del naufragio «ciudadano», Francisco Igea, es más explícito y equipara la Ley en cuestión al famoso “timo de la estampita”, el cual, por increíble que parezca, no ha caído totalmente en desuso.
Pero lo más revelador del debate parlamentario corrió a cargo del portavoz adjunto del grupo popular, Miguel Ángel García Nieto, quien por cierto ha visto frustradas sus expectativas de ascender a portavoz titular, cargo en el que Alfonso Fernández Mañueco ha ungido al leonés Ricardo Gavilanes, en un movimiento con el que intenta apuntalar la precaria presidencia provincial del PP de León que, por idéntico procedimiento digital, adjudicó en su día a la diputada Esther Muñoz, posteriormente aupada a una de las vicesecretarías sectoriales (precisamente la de Sanidad y Educación) que integran la cúpula fichada por Núñez Feijóo en la calle Génova.
Argumenta García Nieto que la Ley tiene como objeto blindar la excelencia que a juicio del PP tienen los servicios esenciales prestados en la actualidad por la Administración Autonómica, de forma que estos solo pueden cambiar si es a mejor, nunca en detrimento de su alto nivel de calidad. Y yo me pregunto, ¿de dónde puede proceder la amenaza de deteriorar, vía recortes presupuestarios, la calidad de la Sanidad, la Educación, la Dependencia y demás Servicios Sociales que presta la Junta? Y no encuentro otra respuesta que del PP, que a fecha de hoy no ha revertido los recortes aplicados a raíz de la crisis de 2007, no ha recuperado la titularidad y gestión publica de ese agujero negro que ha sido y es el Hospital de Burgos y que, después de 35 años gobernando la Comunidad, no parece que vaya a dejar de hacerlo tras las próximas elecciones autonómicas. Conclusión: El PP se ha dotado de una Ley para blindarse de sus propias tentaciones. Como diría el malogrado Tomás Hoyas, tiecojó la cosa…
Todo esto en vísperas de que “Fonsi” Fernández Mañueco inicie ese viaje hacia ninguna parte que supone convocar a los partidos de oposición sin ningún “pacto de comunidad” en el horizonte. En el pasado, durante el mandato del añorado (añorado, aclaro, por el PSOE de su paisano LuisTudanca) Juan Vicente Herrera, lo más socorrido era firmar un acuerdo sobre las bases de lo que debiera ser un modelo de financiación autonómica que garantizara la suficiencia financiera de la Junta justamente para atender los servicios esenciales. Ya ni eso. Y no solo porque la “financiación singular” comprometida por el gobierno de Pedro Sánchez con Cataluña ha profundizado hasta niveles insalvables la brecha entre PP y PSOE. También porque los socialistas han introducido en la ecuación un factor que antes se pasaba por alto: los regalos fiscales, en forma de exenciones y rebajas, introducidos año tras año por la Junta en beneficio mayormente de los patrimonios y rentas más altas.
La “celeridad” de la Junta.- Una brecha abierta entre los dos principales partidos abierta a causa de la Ley de Amnistía, que el gobierno Mañueco, a través de su ínclito consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, anunció que recurriría ante el Tribunal Constitucional “con la máxima celeridad posible”. Pues bien, la Junta ha formalizado su recurso el pasado martes 10, un día antes de que expirara el plazo para ello y un día después de que lo hicieran otros siete gobiernos autonómicos, seis del PP y el que preside Emiliano García Page en Castilla -La Mancha.
A la vista de ello queda en evidencia, si es que ya no lo estaba, la desfachatez de “Fonsi” Mañueco cuando convocó y celebró un Consejo de Gobierno extraordinario y urgente el sábado 4 de noviembre de 2023 para anunciar que impugnaría una ley que el Congreso de los Diputados no aprobó hasta el 31 de mayo de 2024. Y ello para luego presentar el recurso en el límite de plazo que expiraba el miércoles pasado, tres meses de la publicación de la Ley en el BOE. Celeridad sí, Luismi, pero para utilizar los medios públicos e instrumentar la Junta al servicio de su sistemática oposición partidista al gobierno de la nación.
En fin, el morbo del primer pleno de las Cortes a la vuelta de las vacaciones residía en ver al exvicepresidente de la Junta, el ultraderechista Juan García-Gallardo (Ga-Ga jr.) debutando como portavoz parlamentario de Vox.
Definitivamente, Gallardo no sabe si mata o espanta. Reivindicar a estas alturas de la película su delirante protocolo contra el derecho al aborto o el Proyecto de Ley de la Discordia, que le costó a la Junta un rapapolvo desde la ONU, demuestra que sigue estando fuera de este mundo. Afortunadamente, el único legado que quedará de su nefasto paso por la Junta será la declaración como “bien de interés cultural” de la infame Pirámide de los Italianos con la que el Caudillo Francisco Franco homenajeó a los fascistas enviados por Mussolini para ayudarle a derrocar al gobierno republicano legítimamente constituido en 1936.
Pase que el actual gobierno Mañueco no revoque esa declaración, con el bochorno que ella supuso para el antiguo antifranquista Gonzalo Santonja, agarrado como una lapa a la consejería de Cultura, pero espero que a la Junta no se le ocurra destinar un euro para su restauración, más que nada porque sabe que ello supondría un monumental escándalo, máxime cuando además el engendro es de propiedad privada. Bastante bochorno es que, pasándose por el forro la Ley de Memoria Histórica, semejante adefesio fascista haya sobrevivido a la piqueta.
Hablando de la Ley de la Discordia, con la que se retrató ideológicamente el anterior portavoz del grupo popular, Raúl de la Hoz, ahora eurodiputado del PP, me ha dejado estupefacto la entrevista-masaje (no quiero saber si con final feliz) que hace unos días le practicó un diario vallisoletano. Si el falazmente autotitulado decano de la prensa española ha mutado desde “L’Osservatore herreriano” al “Pensamiento alfonsiano”, su competencia provincial es directamente “La Monda”.
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