El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Plan de Acción Democrática mediante el que el Gobierno busca impulsar medidas sobre transparencia de las instituciones públicas y medios de comunicación. Se creará un “registro” de medios tutelado por la CNMC que obligará a hacer públicos quienes son los propietarios de los medios y el dinero que reciben de publicidad institucional.
A través del Plan de Acción Democrática, el Ejecutivo quiere “reforzar la limpieza democrática” y “dotar de mayor transparencia” a los medios de comunicación. Además, el Gobierno quiere combatir los bulos y la desinformación que, en palabras del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, son “corrosivos de la información veraz y elementos de desgaste de la democracia”.
Dentro de las medidas relativas a la actividad y propiedad de los medios, Bolaños ha explicado que se creará un “registro de medios” de comunicación bajo la tutela de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) con el objetivo de conocer quiénes los controlan y cómo se financian.
Para ello, se obligará a los medios a hacer público quiénes son sus propietarios. Al mismo tiempo, impulsarán medidas para evitar la concentración de medios con el objetivo de prevenir la formación de monopolios mediáticos.
En cuanto a la financiación, las administraciones públicas deberán detallar anualmente el dinero que destinan a publicidad institucional. En la misma línea, se reformará la Ley de Publicidad Institucional para introducir “transparencia, proporcionalidad y no discriminación” en el reparto de fondos.
Por otro lado, se llevarán a cabo modificaciones legislativas del derecho al honor y del derecho a la rectificación para “garantizar una respuesta ágil y efectiva de los tribunales contra los medios de comunicación que publiquen bulos”.
El Plan de Acción por la Democracia se concreta en 31 medidas que abordan desde la rendición de cuentas obligatoria para conocer cómo se cumplen los programas de Gobierno y reforzar la lucha contra la corrupción contemplada en la Ley 2/2023, de 20 de febrero; a la reforma de la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales.
De cara a fortalecer la transparencia, pluralidad y responsabilidad de nuestro ecosistema informativo, el Plan contempla la adaptación de la normativa española para cumplir las disposiciones del Reglamento de Libertad de Medios de Comunicación, aprobado por el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo. Ello implica la fijación de nuevos estándares de transparencia de los medios de comunicación mediante la creación de un registro en el que se disponga de información pública sobre su propiedad y la inversión publicitaria que reciben. Asimismo, se reformará la ley de publicidad institucional para introducir criterios de transparencia, proporcionalidad y no discriminación.
En aras de establecer mayores garantías de la independencia de los medios de comunicación, se impulsará la ley de secreto profesional de los periodistas como garantía jurídica para la protección de fuentes y la transposición directiva anti SLAPP para la protección de los periodistas contra demandas planteadas con el único fin de intimidarles en el ejercicio de sus funciones.
Asimismo, se aprobará una Estrategia Nacional de lucha contra campañas de desinformación y se reformará la Ley Orgánica 1 del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y de la Ley reguladora del derecho de rectificación, para mejorar el sistema con el que instar y lograr la rectificación de noticias falsas o abiertamente tendenciosas, con indemnizaciones y plazos adecuados.
El nuevo contexto político, económico y social demanda adaptar las leyes, los reglamentos y los códigos de conducta de las instituciones a mayores estándares de transparencia e integridad. Por ello, se reformarán, entre otras, la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General para establecer la obligación de celebrar debates electorales entre candidatos y candidatas y de la publicación de todos los microdatos de las encuestas electorales; y se aprobará la Ley de Grupos de Interés que regule su código de conducta y facilite el seguimiento del proceso legislativo.
