Un total de 32 localidades de Castilla y León -cuatro de ellas salmantinas- renovarán las redes de agua y digitalizarán su gestión. La Junta de Castilla y León, a través de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl), licitó la redacción de un primer paquete de proyectos cuyo objetivo principal es la mejora de las infraestructuras, planificación y gestión del agua potable, acorde con los requerimientos marcados por la Unión Europea.
ICAL. Estos proyectos se enmarcan en el protocolo general de actuación entre la Junta y las nueve diputaciones provinciales para la renovación de redes de abastecimiento y la mejora de la eficiencia y digitalización de la gestión del agua potable en poblaciones de la Comunidad.
El concurso tiene por objeto licitar la redacción de los proyectos de 32 localidades de las provincias de Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia y Soria. En concreto, de las localidades abulenses de Santa Cruz de Pinares, Rasueros, Santa Cruz del Valle, Adanero y Nava de Arévalo; las burgalesas de Villarcayo, Pradoluengo, Merindad Río Ubierna, Briviesca y Valle de Mena; las leonesas de Astorga, Fabero, La Bañeza, Santa María del Páramo y Villaquilambre; las palentinas de Alar del Rey, Carrión de los Condes, Frómista, Villada y Villarramiel; las salmantinas de Calvarrasa de Abajo, Villavieja de Yeltes, Linares de Riofrío y Fuenteguinaldo; las segovianas de Aguilafuente, Vallelado y Otero de Herreros; y las sorianas de Golmayo, Almazán, El Burgo de Osma y Ólvega.
Se realizará un análisis exhaustivo de las redes interiores municipales (presiones, funcionamiento, materiales o fugas) y una auditoría del parque de contadores público.
Los pueblos objetivo prioritario del programa son los núcleos incluidos en abastecimientos mancomunados o con potabilizadora, en los que la reducción de pérdidas y la mejora de la eficiencia del ciclo hidráulico se hace más necesaria.
Un total de 225 municipios serán beneficiados con el programa. La inversión prevista se sitúa en los 90 millones de euros para toda Castilla y León; el 60 por ciento será financiado por la Junta de Castilla y León, el 20 por ciento por las diputaciones provinciales y el 20 restante por los ayuntamientos afectados.
En cuanto a los resultados, se prevé una reducción de las perdidas en la red de abastecimiento de un 30 por ciento y el aumento de la recaudación municipal de un 25 por ciento.
