El Consejo de Ministros ha acordado este martes retirar la tramitación parlamentaria de los objetivos de déficit, que se iban a votar este jueves en el Congreso. Este movimiento se produce ante la negativa de Junts de apoyar la propuesta, lo que supondría el segundo rechazo a la senda de estabilidad, tras la votación perdida que tuvo lugar en el mes de julio. Ahora, con el aplazamiento, el Gobierno busca ganar tiempo para lograr el apoyo de los de Puigdemont.
La negativa de Junts de apoyar la senda de estabilidad, que se iba a votar este jueves en el Congreso de los Diputados, ha llevado al Gobierno a posponer la votación de los objetivos de déficit. Con ello, desde el Ejecutivo tratan de evitar un segundo rechazo a la senda de estabilidad y dar “una oportunidad a la negociación” con la formación independentista.
El pasado mes de julio, el bloque conformado por PP, Vox y Junts rechazó los límites fiscales propuestos por el Gobierno y ahora, ante la negativa de los de Puigdemont, han tratado de evitar una nueva derrota. Si bien, desde el PSOE continúan negociando con la formación catalana para lograr su voto favorable.
Tanto la aprobación de los objetivos de déficit como del techo de gasto son el paso previo para sacar adelante los presupuestos generales del Estado de cara a 2025. “El objetivo es dar más tiempo a la negociación ofreciendo una nueva oportunidad al diálogo. El Gobierno quiere agotar todas las posibilidades para alcanzar un pacto que sería beneficioso para todas las comunidades autónomas y los ayuntamientos”, aseguran desde el Ejecutivo.
Asimismo, desde el Ministerio de Hacienda insisten que, “el Gobierno de España no se resigna a que la irresponsabilidad del PP genere un grave perjuicio para comunidades autónomas y ayuntamientos, que perderían casi 12.000 millones de margen presupuestarios (para 2025 y 2026) si no se aprueba una nueva senda”.
Si bien, desde el departamento dirigido por María Jesús Montero están estudiando algunos de los cambios reclamados por Junts. La propuesta inicial del Gobierno dejaba al Ejecutivo un margen fiscal del 2,2% en 2025; del 1,8% en 2026 y del 1,5% en 2027. Además, permitía a las autonomías un desfase financiero del 0,1% en esos tres años, mientras que contemplaba que los ayuntamientos debían alcanzar un equilibrio financiero.
Ante estos números, desde Junts se han mostrado muy críticos, optando por repartir el déficit exigido por Bruselas en tres partes iguales, con un tercio para el Gobierno, otro para las comunidades autónomas y el restante para los ayuntamientos.
