Investigan la financiación de la campaña de Alvise Pérez

El líder de Salf habría cobrado en mano 100.000 euros de un empresario de criptomonedas
El presidente de Salf, Alvise Pérez

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha abierto una investigación contra Alvise Pérez, líder de Se Acabó la Fiesta (Salf) por supuesta financiación ilegal de su campaña para las elecciones europeas, en las que obtuvo tres eurodiputados. Un empresario de criptomonedas ha denunciado que pagó 100.000 euros en metálico al político.

El pasado 19 de septiembre, el dueño de la sociedad de criptomonedas llamada Madeira Invest Club, Álvaro Romillo, denunció ante la Fiscalía General del Estado que el 27 de mayo pagó 100.000 euros en metálico a Alvise para que este financiase su campaña electoral para los comicios europeos celebrados el pasado 9 de junio.

Ahora, la denuncia, ampliada “este martes”, según el Ministerio Público, ha pasado a manos de la Fiscalía del Tribunal Supremo, dado que “es la competente para investigar si puede existir un delito de financiación ilegal” de la campaña electoral, “ya que el denunciado es aforado”.

Por su parte, en la Audiencia Nacional también hay abierto un procedimiento contra Romillo, que se inició a raíz de una denuncia de la Asociación de Usuarios de Criptomonedas, representada por Aránguez Abogados. Según detallan, el dueño de Madeira Invest Club se presentaba como “experto en ‘criptos’ y elusión fiscal” y permitió el acceso de 27.000 personas a su sociedad a cambio de una cuota de 2.000 euros anuales.

Prometía increíbles beneficios y generó un fraude que se estima superior a 300 millones de euros”, afirman desde el despacho de abogados. Por su parte, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ya alertó en mayo de 2023 que la sociedad de Romillo no carecía de autorización para llevar a cabo las actividades de inversión.

Ahora, desde el bufete de abogados han ampliado su denuncia inicial contra Romillo, solicitando que también se investigue a Alvise Pérez y pidiendo al juzgado de la Audiencia Nacional encargado del caso inicial que se inhiba en favor del Tribunal Supremo -donde se encuentra el caso de Alvise-. Desde Aránguez Abogados apuntan a supuestos delitos como los de organización criminal, apropiación, blanqueo de capitales o falsedad documental.

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