El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, subrayó hoy en Valladolid el “esfuerzo económico” del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco para ayudar a la mejor prestación de los servicios públicos de los municipios de la Comunidad, que se ha traducido en un incremento del presupuesto destinado a las entidades locales, hasta los 114,3 millones de euros, un 4,3 por ciento más que en 2023. Todas las consejerías de la Junta de Castilla y León habrán destinado al Plan de Cooperación Local en 2024 un importe de 478,9 millones de euros, con un incremento del 1,5 por ciento y que constituye la cifra más alta de la historia.
Con motivo de su comparecencia en la constitución de la Comisión de Trabajo de Diputaciones y Entidades Locales de la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP), Fernández Gago repasó todas las políticas municipalistas que desarrolla su departamento, con las novedades introducidas en 2024 como la constitución de la bolsa de habilitados nacionales para dotar a los municipios, de forma interina, de secretarios y secretarios interventores, a la espera de que el Estado convoque nuevas plazas para ayudar a cubrir estos puestos tan importantes para los pequeños municipios. Gracias a esta bolsa, la Consejería ha logrado proveer de secretarios interventores a 180 ayuntamientos en el último año.
También, citó, según recogió la Agencia Ical, tres iniciativas de la Consejería que buscan dar respuesta directa a algunas de las principales demandas del medio rural de Castilla y León como la nueva ayuda para el mantenimiento de bares y centros de ocio en los pequeños pueblos, el Plan de Expansión Rural del servicio de información telefónica 012, y la implicación de los ayuntamientos en acciones de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
3.000 euros para bares de pueblo
No en vano, la Junta ha puesto en marcha recientemente una nueva línea anual de ayudas de 3.000 euros para municipios o pedanías con menos de 200 habitantes, para cubrir los gastos corrientes del bar, cafetería o establecimiento similar. Esta convocatoria, que parte de un presupuesto de tres millones de euros y que se resolverá en las próximas semanas, tiene el objetivo principal de proteger la vida social en los pequeños pueblos de Castilla y León a través del mantenimiento de estos importantes centros de reunión. En este sentido, González Gago aseguró que el objetivo es hacer frente al reto demográfico, evitar la soledad, la desintegración social, e incluso permitir detectar situaciones de problemas de salud, de vulnerabilidad o de desamparo.
En cuanto al Plan de Expansión Rural del 012, se trata de ampliar el servicio de este teléfono de información autonómica para que ofrezca también información de carácter provincial y municipal a sus usuarios. De esta forma, las personas que viven en pueblos pequeños, y que puedan tener dificultades físicas o de horario para trasladarse a las dependencias provinciales o municipales, podrán hacer uso de este servicio de la Junta. Para ello, ya se han firmado convenios con todas las diputaciones provinciales, y con más de cien ayuntamientos de las provincias de Ávila y Valladolid, a la espera de formalizar los convenios con los ayuntamientos del resto de las provincias.
Por último, en el ámbito de la cooperación al desarrollo, la Consejería de la Presidencia ha incluido este año, y por primera vez, a las entidades locales en el desarrollo de pequeñas acciones solidarias en países desfavorecidos. Lo ha hecho a través de una nueva línea de ayudas de hasta 50.000 euros por proyecto, cuya selección se conocerá en la resolución de la convocatoria. La cantidad asignada irá destinada, junto a una aportación del diez por ciento sobre el presupuesto total que realizará el propio ayuntamiento, a llevar a cabo una actuación internacional de carácter solidario, de la mano de la ONG que elija el propio Ayuntamiento. De esta forma, se facilita significativamente que los municipios de Castilla y León puedan invertir en pequeñas acciones de cooperación al desarrollo que tendrán consecuencias muy positivas para los diferentes países donde se preste esta ayuda.
Además, reiteró que la próxima Ley de Medidas que acompañará a los Presupuestos Autonómicos de 2025 establecerá normativamente que el Fondo de Participación de las entidades locales en los Impuestos Propios de Castilla y León se mantendrá igual que en este año 2024 e incluso se incrementará un tres por ciento, hasta superar los 15 millones de euros. De esta manera, precisó, la Junta compensará la pérdida de recursos de los ayuntamientos con la creación del nuevo impuesto estatal sobre el depósito de residuos en vertederos. Se trata de un cambio normativo propiciado por el Gobierno de España que ha dejado sin efecto uno de estos impuestos.
Una decisión de la Junta que, declaró, mitigará la pérdida de recursos en concepto de impuestos propios de la Comunidad que ha supuesto la creación de un nuevo impuesto estatal sobre el depósito de residuos en vertederos.
Se trata de un hecho imponible que ya existía en el ámbito autonómico, y que, por tanto, ya no tiene efecto tras la aprobación de la Ley estatal. Fuentes de la Consejería señalaron que la creación de este impuesto estatal responde a una decisión unilateral del Gobierno de España, sin contar con las comunidades autónomas, y se aplica en todo el territorio del Estado español, por lo que su creación afecta “directa” y “económicamente” a las entidades locales, y al modelo de financiación local autonómico.
Por su parte, la presidenta de la presidenta de la FRMP, Ángeles Armisén, destacó que la Junta es “sensible” a las reivindicaciones de las entidades locales y atiende “normalmente” las demandas de las entidades locales de la Comunidad, tal y como queda patente tras el incremento del Fondo de Cohesión pero también con la bolsa de secretarios interinos, mientras llega la convocatoria estatal de vacantes de estas plazas.
Financiación local
Armisén señaló que los municipios reclaman “siempre” apoyo y financiación para garantizar la prestación de los servicios públicos. En este sentido, declaró que, en la actualidad, está sobre la mesa el debate de la financiación autonómica, que consideró debe ser simultáneo al de la financiación local. “Las entidades locales de Castilla y León nunca van a apoyar una financiación singular o especial para Cataluña, por que iría en detrimento de los intereses de la Comunidad y de los ayuntamientos”, aseveró.
