El PP rechaza la limitación de los alquileres

Las once comunidades y las dos ciudades autónomas gobernadas por el PP han mostrado su “rotundo rechazo” a las políticas en materia de vivienda impulsadas por el Gobierno. Además de calificarlas como “fracasadas e inoperantes”, han insistido en que no incorporarán esas medidas a sus ordenamientos al considerar que son “perjudiciales”.

Este jueves, los consejeros del ramo de las once comunidades y dos ciudades autónomas gobernadas por el PP han firmado un manifiesto en el que muestran su “rechazo absoluto” a las políticas del Gobierno en materia de vivienda.

“Las comunidades autónomas firmantes manifestamos nuestro rotundo rechazo ante el intento del Gobierno de España de imponer sus fracasadas e inoperantes políticas de vivienda utilizando los recursos económicos de todos los españoles”, comenzaba señalando el consejero madrileño, Jorge Rodrigo, quien ha insistido en que, “el Estado tiene la obligación de repartir de forma equitativa los recursos públicos”.

Además, ante las palabras de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que la semana pasada amagó con retirar fondos a las regiones “insumisas” que no aplicasen las medidas de la ley, los ‘populares’ se han mostrado tajantes. “No toleramos la amenaza y el chantaje de la ministra”, aseguran, insistiendo en su rechazo a incorporar la norma a sus ordenamientos argumentando que es “perjudicial”.

De la misma manera, recordaban que la ley no obliga a las comunidades a implantar medidas como las llamadas zonas tensionadas, argumentando que no pueden penalizarles por ello. Por tanto, Rodrigo ha dejado claro que si el Estado debe repartir de forma equitativa los fondos públicos, ya que, “no hacerlo así supondría un quebrantamiento del ordenamiento jurídico y legal”.

Por otro lado, han insistido que, desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno -en junio de 2018- el precio del alquiler “se ha incrementado un 32%”, y desde la entrada en vigor de la ley de vivienda -en mayo de 2023- ha subido un 13%. Frente a ello, proponen “diálogo” para llegar a acuerdos “que permitan solucionar un problema que ya es acuciante para una mayoría de la población española”.

Los firmantes de este manifiesto son los responsables de Madrid, Galicia, Andalucía, Cantabria, La Rioja, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla y León, Extremadura y Baleares, así como los de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.