5.000 familias salmantinas podrían quedarse sin cobertura sanitaria

La licitación del servicio sanitario que presta Muface a los empleados públicos adscritos a esa mutualidad vence el próximo 31 de diciembre, pero las aseguradoras (Segurcaixa, Adeslas, Asisa y DKV) que prestan asistencia sanitaria a los funcionarios de esta mutualidad han decidido no acudir a la licitación del nuevo concurso. Por tanto, de no alcanzar un acuerdo entre compañías y Gobierno, entre 5.000 y 6.000 familias salmantinas podrían verse afectadas, quedándose sin cobertura sanitaria a partir del día 1 de enero.

Así lo explica a La Crónica de Salamanca el recién reelegido presidente provincial de CSIF, Federico Martín, quien aclara que, “el problema que tenemos es el convenio con las entidades privadas que prestan servicio en todo el país. Se trata de un acuerdo entre Muface, que depende de Hacienda, y las compañías aseguradoras. Por lo que todo el funcionario que pertenezca a Muface se verá afectado si finalmente no hay un buen acuerdo”.

El problema es sencillo: “Las compañías aseguradoras piden más dinero por prestar el servicio, y la cantidad que ofrece el Estado por la contrata de la prestación de servicios no les parece suficiente, por lo que no licitan esa contrata”, indica Martín. “Es un tira y afloja entre administración y compañías médicas, pero, aunque nosotros entendemos que van a llegar a un acuerdo, nos preocupa que las condiciones de ese acuerdo rebajen más de lo que ya está la prestación sanitaria”, añade.

De no llegarse a un acuerdo entre el Gobierno y las aseguradoras, “todos los empleados públicos que pertenezcan a Muface quedarán sin cobertura sanitaria”. En Salamanca, la cifra de afectados, según los cálculos de CSIF, oscilaría entre las 5.000 y las 6.000 familias, ya que, según recuerda Federico Martín, “con el usuario de Muface puede estar toda su familia si no tiene afiliación a otro régimen”. Una situación que, tal y como traslada el presidente de CSIF en Salamanca, está generando “mucho” temor entre los “alrededor de 5.000 empleados públicos afiliados a Muface en Salamanca”.

Sin embargo, la cuestión viene de lejos, y es que, “el servicio de Muface se ha ido deteriorando mucho con el tiempo por varias razones”. “La principal es que ahora las compañías aseguradoras tienen muchos más seguros privados, mientras que antes los funcionarios garantizaban a las compañías un público de referencia que iba a hacer uso de sus servicios”, expone, puntualizando que, con el aumento de la contratación de seguros privados, “las compañías ya tienen su cuota de mercado cubierta con la parte privada”. Además, “en los últimos años, el Estado ha ido descapitalizando Muface y ahora el presupuesto se ha ido quedando más pequeño”.

Todo ello ha dado lugar a que, “ahora las compañías aseguradoras no necesitan tanto a los funcionarios como antes, y piden más dinero”, defiende Martín, reconociendo que, “se están juntando un montón de circunstancias”. Si bien, por encima de todo, destaca que, “hay una cuestión que está clara, y es que si las personas que reciben el servicio sanitario desde Muface, de repente se integrasen en la Seguridad Social, la colapsarían, retrasarían todas las consultas… En definitiva, la Seguridad Social tendría un serio problema para absorberlos”.

Respecto a la solución, el presidente de CSIF en Salamanca se muestra muy claro. “Por un lado, que las compañías sanitarias rebajen sus pretensiones económicas, que entiendan que el colectivo de Muface es muy amplio y que les garantiza un funcionamiento continuo. Y, por otro, que el Gobierno entienda que ese servicio es prioritario, hay que mantenerlo, y ponga el dinero necesario para que se mantenga en las mejores condiciones”.

Finalmente, en cuanto a los plazos, Federico Martín insiste en que, “dado que el nuevo acuerdo tendría que entrar en vigor el 1 de enero, si no se firma en octubre y se va retrasando, lo más probable es que se dificulte que el servicio se pueda prestar el 1 de enero con garantías”. “Y si no se firma a 1 de enero, a los funcionarios hay que darles una solución, porque, si no, se va a producir una situación que no se da desde 1965 cuando se creó la Seguridad Social: una buena parte de los ciudadanos de este país estarán sin cobertura sanitaria”, zanja.