La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, ha mostrado su oposición a que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Tsjm) admita a trámite la querella presentada por Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, contra el juez Juan Carlos Peinado. Según la fiscal, “no se dan los presupuestos legales exigidos” para investigar los hechos denunciados.
La Fiscalía se ha opuesto a la admisión a trámite de la querella presentada por Begoña Gómez contra el juez Peinado por revelación de secretos y prevaricación, al considerar que “en este momento y con los indicios” recogidos en la misma, “no se dan los presupuestos legales exigidos” para que el Tsjm investigue al magistrado.
Almudena Lastra ha descartado los dos pilares esgrimidos por el abogado de Gómez en la querella. Por un lado, la fiscal cree que Peinado no ha incurrido en el delito de revelación de secretos, dado que considera que Gómez sustenta su acusación en “meras noticias” y en “una serie de resoluciones judiciales”, pero no aporta “indicio alguno” de delito. De la misma manera, tampoco aprecia indicios suficientes en lo relativo a la prevaricación.
En un escrito firmado el pasado 10 de octubre por Lastra, la fiscal coincide con Gómez en lo “inusual” de la “forma de llevar la instrucción por el magistrado” Juan Carlos Peinado. Sin embargo, rechaza la querella de la mujer de Pedro Sánchez con dos argumentos. Por un lado, que el delito invocado por Gómez requiere la existencia de una resolución “injusta” dictada “a sabiendas” y “de forma dolosa”.
Por otro lado, reconoce lo expuesto en la querella sobre que Peinado no estaba tramitando los recursos interpuestos por las partes. Si bien, “se ha podido comprobar estudiando detenidamente el proceso que, como antes se ha indicado, aunque no con la inmediatez que sería deseable, los recursos se han unido a las actuaciones, se han proveído y algunos se han resuelto o se encuentran en trámite”.
Finalmente, Almudena Lastra también rechaza las tesis expuestas en la querella señalando que Peinado busca “un impacto político y social”, así como que actúa con “un desmedido afán de protagonismo”. Esto, a juicio de la fiscal, son “meras apreciaciones subjetivas de parte interesada huérfanas de apoyo fáctico concreto”.
