La Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude, así como las autoridades de competencia, están investigando la ‘mafia del diésel’ en España, un fraude de combustibles que ronda los 1.900 millones de euros anuales y lleva más de un año operando en nuestro país. Para los consumidores, la diferencia de precio puede oscilar entre los 20 y los 40 céntimos menos por litro.
Esta trama, tal y como revela la Cadena SER, consiste en la venta de combustible -principalmente diésel- ya refinado y procedente de países con límites a la exportación, como Rusia, Siria o Irán. Para sortear la limitación, se simula haber cargado, descargado y refinado el combustible en países como Marruecos y Turquía, para que se importe desde esas naciones sin sanciones.
Tras ello, el diésel lo venden ‘operadores fantasmas’ a las gasolineras -a veces a sabiendas y otras no-, a un precio que puede llegar a ser de hasta 40 o 60 céntimos menos por litro. Esos ‘operadores fantasmas’ se registran y a los tres meses desaparecen sin haber pagado a Hacienda el IVA cobrado por la venta de los combustibles.
El fraude va a más, y es que si en sus inicios en el año 2022, el ‘diésel pirata’ suponía un 5% del combustible vendido, a finales del pasado año ya alcanzaba el 15% del total que se vendía en las gasolineras españolas, y actualmente ronda el 25%, esto es, uno de cada cuatro litros de diésel que se venden en nuestro país es fraudulento.
Los ‘operadores fantasmas’, pieza clave en la trama, incurren en un triple fraude. Por un lado, el IVA, ya que cobran el importe del mismo, pero desaparecen sin haberlo abonado a Hacienda. Por otro, el fraude de los biocombustibles, puesto que el diésel ‘pirata’ no incluye el porcentaje de biocombustible obligatorio en España. Finalmente, el del llamado ‘fondo de eficiencia’, una cuantía que las petroleras deben abonar por contaminación y que esta trama no está abonando. Todos ellos suman un fraude de 1.900 millones de euros anuales, unos 1.200 millones por el IVA, entre 500 y 600 millones por los biocombustibles, y entre 60 y 100 millones por el ‘fondo de eficiencia’.
Además, esta mafia está amenazando la viabilidad de las gasolineras que compran producto legal, ya que este cuenta con un precio superior. Mientras tanto, aquellas que compran combustible ilegal pueden ofrecerlo a un importe notablemente inferior. Para los consumidores, la diferencia de precio puede ser de hasta 20 y 40 céntimos por litro, lo que en un depósito de 50 litros la diferencia podría ser de entre 10 y 20 euros.
