El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha rechazado este miércoles su dimisión después de conocerse que el Tribunal Supremo le ha imputado por un supuesto delito de revelación de secretos sobre la situación procesal del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.
Tal y como ha señalado García Ortiz en un comunicado, su continuidad al frente del Ministerio Fiscal “es lo menos gravoso y más prudente para la institución a medio y largo plazo”. “Soy consciente de la repercusión pública de la noticia y no desconozco la afectación que supondrá en el trabajo de los fiscales de nuestro país”, indica, matizando que, la “ponderación de estas circunstancias” le “persuade” para seguir en su cargo.
En ese mismo comunicado, el fiscal general ha añadido que este jueves a las 9:30 horas convocará a la Junta de Fiscales de Sala para darles explicaciones y anunciarles su intención de continuar al frente del Ministerio Público. Por su parte, a las 16:00 horas se reunirá con el Consejo Fiscal.
El Supremo ha imputado a García Ortiz por un supuesto delito de revelación de secretos sobre la situación procesal de Alberto González Amador, investigado a su vez por fraude fiscal y falsedad documental. Esta decisión del alto tribunal no tiene precedentes en el alto tribunal, que investigará ahora si García Ortiz y la fiscal jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, filtraron correos intercambiados entre la Fiscalía y el abogado de González Amador.
Una vez imputado, García Ortiz mantiene el discurso que venía haciendo público en los meses precios, asegurando que la Fiscalía tiene la función de “informar de los asuntos relevantes que conozca”. Además, sobre la nota de prensa que publicó la Fiscalía de Madrid -por orden del fiscal general- sobre el posible pacto entre González Amador y el Ministerio Público, insiste en que con ella se buscaba “garantizar el derecho a la ciudadanía a recibir información veraz (…). Más aún en un caso como este en el que con bulos o falsedades se comprometía la imagen de la institución y de varios de sus integrantes”.
En su comunicado, el fiscal general reconoce una “profunda reflexión” sobre su imputación, pero defiende que ahora podrá “ejercitar plenamente” su derecho a la defensa, así como que su permanencia en el cargo “refuerza la independencia de la Fiscalía española”.
