La nueva ley de Función Pública, cuyo anteproyecto conoció este jueves el Consejo de Gobierno, recoge como novedad el nuevo permiso retribuido para las funcionarias a partir de las 37 semanas de embarazo y hasta el parto, que se amplían a las 35 en caso de embarazos múltiples, en lo que la Junta estima un coste asociado de un millón de euros.
ICAL. El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, informó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno del anteproyecto de ley de Función Pública que fue comprometido por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en su discurso de investidura y en el pasado debate de política general. Así, subrayó que se trata de aprobar una ley de futuro, moderna y vanguardista con la realidad actual que afectará al día a día de 12.650 funcionarios.
Se trata de que sirva como soporte para un adecuado funcionamiento de la Administración autonómica, para satisfacer los intereses de los empleados públicos, pero siempre teniendo presente avanzar en la calidad de la prestación de los servicios demandados por los ciudadanos de Castilla y León, reseñó, sobre una norma que sustituirá a la actual de 2005.
Entre las novedades, destacó el nuevo permiso retribuido para las funcionarias en estado de gestación a partir de la semana 37 de embarazo y hasta el parto, que se amplía a la semana 35 en casos de embarazo múltiple, ya que ahora está en las 39 semanas. “Hemos incorporado una demanda social justa”, resumió.
Al respecto, aclaró que la ley regula este permiso retribuido solo para la categoría de funcionarias ya que para personal laboral y estatutario de Sacyl tienen su propia normativa y su extensión supondría la modificación de la misma.
González Gago destacó que numerosas funcionarias embarazadas se ven en la necesidad de acogerse a una baja laboral previa a este permiso, porque las incomodidades asociadas a estas últimas semanas se vuelven mucho más incapacitantes para su desempeño profesional. Con el nuevo derecho, precisó que la Junta de Castilla y León quiere evitar estas bajas laborales y sustituirlas por un período automático de permiso retribuido, que se anticipará en dos o en cuatro semanas en función de las características del embarazo.
En el ámbito de la conciliación, el nuevo anteproyecto -se presentó uno en junio de 2021 por el anterior consejero de la Presidencia- mantiene la reserva del puesto durante tres años por cuidado de hijo, explicaron a Ical fuentes de la Consejería.
Libre designación
Entre las novedades, enumeró la regulación de los Cuerpos y Escalas de los funcionarios en los que se organiza la administración Autonómica, adaptada a la realidad del empleo público actual. Así, establece la creación de nuevos cuerpos, como los diferentes Cuerpos de Informáticos, que pasarán de ser personal laboral a ser personal funcionario.
Además, detalló que se eliminan algunos cuerpos, bien porque se encuadrarán en otros ya existentes, como el Cuerpo de Ayudantes Facultativos Delineantes, o porque son cuerpos en los que, actualmente, no hay ningún empleado público en activo, como el Cuerpo de Ayudantes Facultativos Auxiliares Técnicos Calculistas.
En este punto, manifestó que han escuchado a las centrales sindicales, que pedían que la regulación de los Cuerpos y Escalas estuviese integrada en la propia Ley, y que no apareciese publicada en una norma aparte, como en un principio se consideraba realizar.
En cuanto a la selección de los futuros empleados, el texto regula expresamente los tipos de pruebas, la realización de cursos o los periodos de prácticas, cuya organización se atribuye a la Escuela de Administración Pública de Castilla y León.
Además, se actualizan las modalidades de carrera profesional, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público, y se determina el establecimiento de sistemas de evaluación del desempeño para todo el personal funcionario.
Respecto de los concursos de traslados, se establecen expresamente cuáles son los méritos evaluables, que la actual Ley no determina, entre los que se encuentran la antigüedad, la carrera profesional, las diferentes actividades formativas realizadas, la acreditación de competencias digitales, o el conocimiento de idiomas.
Por otro lado, se especifica claramente qué puestos de trabajo pueden ser objeto de provisión por el sistema de libre designación entre funcionarios de carrera. Al respecto, explicó que se acotan a puestos singularizados con nivel 30, coordinadores de servicios, secretario territorial o con rango de servicio o servicio territorial equivalente.
Asimismo, se complementan y regulan las situaciones administrativas de los funcionarios no reguladas por el Estatuto Básico del Empleado Público, en el caso, por ejemplo, de excedencias por diferentes motivos, o de prestación de servicios en otras administraciones públicas.
En definitiva, este anteproyecto de ley busca, mediante un único texto ordenado, integrado y completo, adaptarse a la realidad diaria del empleo público autonómico de Castilla y León, y dar seguridad jurídica a los funcionarios ante todas las situaciones que pueden presentarse en el día a día de la Administración.
A partir de ahora se dará trámite de audiencia a las organizaciones sindicales presentes en la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y al resto de organizaciones sindicales, asociaciones y colegios profesionales que defienden los derechos e intereses de sus miembros, y que pudiesen verse afectados por el contenido del futuro texto.
Finalizados estos trámites, a la vista de las alegaciones o consideraciones recibidas, se analizará su posible incorporación al anteproyecto, para así continuar con su tramitación a través de los órganos de negociación y consultivos. Tras esto, se someterá a aprobación del Consejo de Gobierno para que, ya como Proyecto de Ley, se remita a las Cortes de Castilla y León para su debate por los grupos parlamentarios.
