Las viviendas públicas no podrán venderse a precios de mercado

El Gobierno `propone mantener la protección oficial a perpetuidad, en lugar de unos años como hasta ahora y especular con ellas
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez (Congreso de los Diputados)

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha comparecido este miércoles en el Congreso de los Diputados, donde ha repasado las medidas puestas en marcha desde el departamento que dirige, así como las que preparan en el Ejecutivo para lo que resta de la legislatura. Rodríguez ha reconocido la problemática que supone la vivienda en España, al tiempo que remarcaba la voluntad del Gobierno para tratar de solucionarlo.

El problema de la vivienda se ha convertido en una “emergencia social que ahoga a miles de personas en España”, lamentaba la ministra del ramo, asegurando que el Gobierno está preparando nuevas medidas para “garantizar el derecho a un techo digno y asequible”. En este sentido, anunciaba que los Presupuestos Generales que preparan en Moncloa incluirán una movilización histórica de recursos, así como nuevas medidas para abordar esta problemática, como medidas para limitar los alquileres y una iniciativa para blindar a perpetuidad el parque público..

Junto a los pasos que ya se han dado desde el Ministerio de Vivienda, Rodríguez ha insistido en que, aún “quedan tres años de legislatura y muchas acciones que desplegar”. De todas ellas, ha fijado como prioridad la ampliación del parque público de vivienda, para lo que se llevará a cabo una movilización del Sepes, la Sareb y el ICO.

Además, se impulsará la construcción de viviendas de protección oficial (VPO), algo para lo que ha recordado, es fundamental la colaboración de las comunidades autónomas. Por otro lado, Rodríguez también ha anunciado la movilización de suelo público, correspondiente no solo al Ministerio de Defensa, sino a otros departamentos y organismos públicos.

Respecto al alquiler, la ministra plantea el establecimiento de límites, aunque respetando las competencias autonómicas. Para ello, apuesta por recurrir a la fiscalidad para premiar o castigar determinados comportamientos de los arrendadores. “Se trata de movilizar vivienda y bajar el precio” de los alquileres, insistía, expresando: “No al abuso de temporada, no al uso turístico ilegal, no a hacinamiento en habitaciones”.

Finalmente, Isabel Rodríguez ha recordado el último informe del Banco de España, que señala que el 45% de quienes viven de alquiler (en viviendas a precio de mercado actual), están en riesgo de pobreza o exclusión social. “El Gobierno no es ajeno a la gravedad del problema”, exponía, zanjando que, “nuestro objetivo prioritario es revertir ese dato”.

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