El fiscal anticorrupción Tomás Herranz ha defendido este miércoles en el juicio por el caso Nummaria que la actriz Ana Duato “tuvo voluntad” de defraudar a Hacienda y no declarar sus ingresos ante el finco. Por ello, al considerar que la intérprete se sirvió a sabiendas del despacho Nummaria, solicita para ella una pena de 16 años de prisión.
Tal y como indica el fiscal en sus informes finales de la vista oral del juicio por el caso Nummaria, que se sigue en la Audiencia Nacional, Ana Duato se sirvió del despacho de asesoría fiscal con “la voluntad de no declarar sus verdaderos ingresos” y defraudar a Hacienda. Además, insiste en que, “desde el primer momento” en el que la actriz acudió a Nummaria, buscaba no tributar todo lo que debía.
Así pues, Herranz expone que hasta el año 2006 la intérprete “tributaba como es debido”, pagando alrededor de 400.000 euros a Hacienda -el 43% de sus ingresos-. Tras ello, una vez que recurrió a los servicios de Nummaria, pasó a tributar el 25%. “¿Cómo puede ser? No se entiende salvo designio de fraude”, apuntaba.
“La conducta dolosa de Duato se manifiesta en que la operación realizada solo pudo tener como finalidad la búsqueda de un enriquecimiento injusto buscado expresamente (…) al dejar de ingresar parte de la deuda tributaria incumpliendo expresamente la norma, al simular una cesión de derechos de imagen completamente ficticia”, prosigue Herranz.
El fiscal también ha argumentado que “no existe ninguna duda” de que tanto “Peña (propietario de Nummaria) es quien aconseja, diseña y controla la estructura de fraude”, como que cuando los clientes acudían al despacho “no era para informarse de su obligación tributaria sino para que le indicaran cómo lograr eludir” la tributación a Hacienda.
Según Herranz, Peña “diseñó y puso en marcha (…) la típica estructura de fraude que se basa en la creación de una comunidad de bienes, en la que participa en un alto porcentaje una Agrupación Europea de Interés Económico (Aeie) que a su vez está participada también (…) por una sociedad ‘limited’ del Reino Unido, que ha sido constituida en ese país por sociedades costarricenses que el despacho utiliza para otros clientes que defraudan en el mismo esquema”. Unas acciones, concluía, “destinadas a defraudar”.
