El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha acordado investigar al eurodiputado de Se Acabó la Fiesta (Salf), Luis -Alvise- Pérez por un posible delito de estafa y financiación ilegal de su partido en la campaña para las elecciones europeas celebradas el pasado mes de junio. Esto se produce después de que un empresario afirmase que entregó 100.000 euros en metálico a Alvise para la campaña electoral.
La Audiencia Nacional investigará la denuncia contra Alvise Pérez por un posible delito de financiación ilegal después de que un empresario afirmase haberle entregado 100.000 euros para su campaña electoral. Así pues, aunque el magistrado reconoce que el eurodiputado está aforado, matiza que la admisión a trámite de la denuncia no supone una “imputación formal”, ofreciendo al europarlamentario la posibilidad de declarar de forma voluntaria el próximo 20 de noviembre.
Esta causa se investigará como una pieza separada del procedimiento abierto contra el empresario Álvaro Romillo, imputado por una supuesta estafa piramidal cometida mediante la plataforma de inversiones Madeira Invest. Fue precisamente Romillo quien denunció haber entregado 100.000 euros en metálico a Alvise el 27 de mayo de 2024 para la financiación de la campaña de Salf para las elecciones europeas.
Más allá de la supuesta financiación ilegal, el magistrado de la Audiencia Nacional apunta que también podría considerarse a Alvise como cooperador necesario o cómplice de la estafa de Madeira Invest, “dada la implicación que en la denuncia” se le atribuye “en la promoción de la actividad presuntamente ilícita llevada a cabo a través del entramado financiero generado en torno” a la sociedad.
En su auto, el juez indica que, en su denuncia, Romillo aportaba unos documentos que “dotan de inicial verosimilitud” a la misma. Por ello, considera que, “concurren los requisitos necesarios” para iniciar su investigación.
En la denuncia del empresario contra Alvise se relatan los diferentes contactos mantenidos entre ambos para que el primero lograse la promoción de sus servicios, mientras que el segundo “podría financiar con seguridad y holgura su campaña sin persecución estatal”. Finalmente, después de esos contactos, Romillo comunicó al político que podría recoger 100.000 euros en efectivo, entrega que se produjo el pasado 27 de mayo.
