La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) convocó movilizaciones en toda España en protesta por el “bloqueo” en la negociación colectiva de las condiciones laborales que afectan a los empleados públicos en diferentes ámbitos. Desde que se constituyó el Gobierno, en noviembre de 2023, no se ha convocado la Mesa General de las Administraciones Públicas. Las concentraciones frente al Ministerio de Hacienda y las subdelegaciones del Gobierno de todas las provincias tendrán lugar los días 11 de noviembre y 16 de diciembre, sin descartar nuevas medidas más contundentes si el Gobierno no reacciona.
En Castilla y León, los trabajadores de la Administración General del Estado (AGE) cobran, de media, 8.000 euros menos al año que los empleados del resto de administraciones por el mismo puesto. En relación con los de la Junta, reciben una media de 4.157 euros menos
CSIF entiende que se deben abordar sin más demora algunos temas pendientes antes de final de año, como la negociación de un nuevo acuerdo salarial (el actual concluye a finales de diciembre), pues los empleados públicos han perdido un cinco por ciento desde la firma del acuerdo con CCOO y UGT. A esto se suma que desde los recortes de 2010, la masa salarial de los empleados públicos pertenecientes a la Administración General del Estado se ha reducido en 4.721 millones.
También reclaman la recuperación de la estructura salarial previa a los recortes de 2010, con el cobro íntegro de la paga extra. CSIF llevó una iniciativa legislativa popular al Congreso de los Diputados en 2023 y ante el rechazo de la Mesa de la Cámara tiene recurrida la decisión ante el Tribunal Constitucional. Igualmente, solicita una negociación de una nueva oferta de empleo público para 2025 eliminando la tasa de reposición.
A ellos se añaden el balance y culminación del plan de estabilización de plazas de personal interino, pues a 31 de diciembre la cifra no debe superar el ocho por ciento del total y las convocatorias que afectan a miles de personas van con retraso de meses; una jornada laboral de 35 horas en el conjunto del Estado e implementación de la carrera profesional en todas las administraciones, así como del teletrabajo; equiparación salarial entre las distintas administraciones públicas; mejora de las condiciones de jubilación; y garantías de la continuidad de la atención sanitaria con el mutualismo administrativo, con una adecuada financiación.
Pide, además, un nuevo acuerdo retributivo, equiparación salarial, oferta de empleo público sin tasa de reposición, culminar el proceso de estabilización, mejoras en la jubilación, jornada de 35 horas en todo el Estado y la mejora de la asistencia sanitaria en Muface, Mugeju e Isfas, entre las prioridades de CSIF.
El presidente de CSIF, Miguel Borra, manifestó la preocupación del sindicato ante la “incapacidad” del Gobierno para alcanzar un acuerdo de financiación y en materia de Presupuestos, que permitan poner en marcha las reformas que necesitan las administraciones públicas, cada vez más tensionadas en ámbitos tan importantes como la Sanidad, la Educación, los Servicios Sociales o la Administración General del Estado.
Esta última administración acumula un déficit de 43.000 plazas correspondientes al periodo 2010-2020 y el 60 por ciento de la plantilla se jubilará a lo largo de los próximos diez años.
