Peinado imputa dos nuevos delitos a Begoña Gómez

El juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso contra Begoña Gómez, ha imputado a la esposa del presidente del Gobierno dos nuevos delitos. Concretamente, el magistrado investigará si Gómez cometió apropiación indebida de un software gratuito de la Complutense e intrusismo, citándola a declarar el próximo 18 de noviembre.

El titular del Juzgado nº41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha admitido la querella del grupo ultra Hazte Oír en la que denuncian que Begoña Gómez habría cometido cuatro delitos en relación al software propiedad de la UCM que se creó para la cátedra que dirigía la investigada. El juez Peinado amplía la investigación contra Gómez con dos de los delitos que recoge la demanda, los de apropiación indebida e intrusismo.

Además, el magistrado cita a declarar a la mujer de Pedro Sánchez el próximo 18 de noviembre a las 13:30 horas. Peinado ha admitido la querella en lo relativo a los delitos de apropiación indebida e intrusismo, rechaza que Gómez cometiese los delitos de administración desleal y malversación de caudales públicos.

En cuanto a la supuesta apropiación indebida, el juez considera que Gómez, codirectora de la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la UCM, “habría inscrito a su favor” a través de la mercantil “TSC Transformación Social Competitiva”, un software gratuito cuya creación estuvo financiada por varias empresas (Telefónica, Indra y Google, que aportaron un total de 150.000 euros), pero “siempre para la universidad”.

Posteriormente, Gómez ofreció de forma gratuita el software a otras empresas desde una página web en la que no figuraba por ningún lugar el logo de la UCM. “Evidentemente, esta conducta podría ser incardinada en el delito de apropiación indebida recogido en el artículo 253 del Código Penal”, señala Peinado.

Asimismo, con respecto al delito de intrusismo, el magistrado apunta que Gómez elaboró varios pliegos para contratar un “servicio de asistencia y asesoría técnica y tecnológica” para crear una “plataforma de gestión y medición del impacto para la pequeña y la mediana empresa”. Además, prosigue el juez, lo habría hecho sin acreditar “las citadas necesidades exigidas a los licitadores”. “Entre las facultades de la codirectora del máster no se recogen expresamente las de elaboración de dicho pliego”, dice.

No obstante, el instructor descarta que Gómez incurriese en un delito de administración desleal, sosteniendo que “no se puede deducir” que la mujer de Sánchez “tuviera la encomienda de administrar o gestionar bienes de la Universidad Complutense”. Tampoco imputa a la acusada el delito de malversación de caudales públicos, ya que este “exige que el posible autor tenga la condición de autoridad o funcionario público”, el juez no entiende que “la querellada tenga dicha condición”.