El Procurador del Común pide que se anule la autorización de medio ambiente a Berkeley

Tras las sentencias judiciales que anulan la tramitación urbanística y la autorización de vertido que imposibilitan en la actualidad el inicio de la mina
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El acceso a las instalaciones de Berkeley. (Archivo)

El Procurador del Común (el defensor del pueblo en CyL) ha emitido una resolución en la que pide a la Consejería de Medio Ambiente que deje sin efecto la Declaración de Impacto Ambiental que en su día concedió a Berkeley para abrir una mina de uranio en Retortillo.

La justicia ha frenado este proyecto en dos sentencias de 21 de diciembre de 2023 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede en Valladolid, como en la Sentencia de 18 de enero de 2024 del Tribunal Supremo.

En virtud a estos fallos, el Procurador entiende que, si bien en las sentencias citadas no se anula formalmente la Declaración de Impacto Ambiental favorable aprobada por la Administración autonómica para el inicio de la explotación de uranio objeto de la presente queja, al no haber sido objeto de los recursos contencioso-administrativos presentados, «los fundamentos jurídicos de dichas resoluciones judiciales, sin duda, la cuestionan».

Además, dice que se ha de tener en cuenta que, en el ámbito de sus competencias, el Consejo de Seguridad Nuclear emitió en el año 2021 un dictamen técnico desfavorable de la solicitud de construcción de la instalación radioactiva de primera categoría del ciclo de combustible nuclear “Planta de Concentrados de Uranio Retortillo”.

Por lo tanto, el Procurador considera que deberían adoptarse las medidas pertinentes por parte del órgano competente de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio para iniciar los trámites que permitan, por los motivos anteriormente expuestos, dejar sin efecto la declaración de impacto ambiental favorable objeto de la presente queja, «máxime cuando los tribunales han anulado tanto la tramitación urbanística, como la autorización de vertido que imposibilitan en la actualidad el inicio de las labores extractivas de dicha explotación minera, y que requeriría además la tramitación de una nueva evaluación de impacto ambiental por parte de la Administración del Estado», concluye.

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