El Tribunal Supremo iniciará una investigación contra el exministro José Luis Ábalos por los posibles delitos de organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación en el marco de la trama del caso Koldo. Por su parte, el resto de la causa continuará en manos de la Audiencia Nacional, al no contar el resto de investigados con aforamiento parlamentario.
La investigación del caso Koldo ha dado un paso más después de que el Tribunal Supremo haya aceptado la petición del juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, quien solicitaba al alto tribunal la imputación del exministro socialista José Luis Ábalos. Así pues, el Supremo investigará al que fuera responsable de Transportes por posibles delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación de caudales públicos. Si bien, dada la condición de aforado de Ábalos, para imputar formalmente al diputado, el Supremo deberá pedir permiso al Congreso.
No obstante, a pesar de que el Supremo haya aceptado indagar en la actuación del exministro, el resto de la causa del caso Koldo continuará en el Juzgado Central de Instrucción nº2 de la Audiencia Nacional. Según indica en un auto la Sala de lo Penal, “respecto a los hechos imputados a otras personas no aforadas ante esta Sala, el procedimiento deberá continuar ante el órgano competente”, esto es, la Audiencia Nacional.
Si bien, el Supremo indica que la Audiencia deberá remitir a la Sala de lo Penal “cuantos datos resulten de las diligencias que se practiquen y que tengan relación con los hechos” atribuidos al exministro Ábalos.
En su escrito, teniendo en cuenta la exposición razonada de la Audiencia Nacional, el Supremo indica que se “indaga en la comisión de hechos delictivos por parte de un grupo de personas identificadas que aprovechan la situación de emergencia derivativa de la pandemia”. Esa trama contaba con “información” que utilizaban para “asegurar la adjudicación” de contratos públicos, siendo Koldo García quien “intervenía activamente en la contratación, gestionaba los contratos de adjudicaciones a las empresas y, al tiempo, realizaba operaciones para ocultar cobros”.
Junto a ello, el Supremo considera que Ábalos “también intervenía”, habiendo participado “indiciariamente” en los “beneficios derivados de su pertenencia y consecución de la contratación”, y aprecia indicios claros de mediación del exministro en favor de la empresa Soluciones de Gestión, el epicentro de la trama. También se hace hincapié en la “compensación económica” que habría obtenido Ábalos, mediante la adquisición de una vivienda en Cádiz y el pago del alquiler de otra en Madrid.
Todos los hechos “podrían ser constitutivos de un delito de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, de cohecho y de malversación”. Así pues, el Tribunal Supremo considera que, “resulta imprescindible continuar la investigación sobre los mismos y sobre la participación en ellos de la persona aforada José Luis Ábalos Meco, siendo competente para ello esta Sala”.
