Las residencias de mayores

Ha transcurrido suficiente tiempo desde la pandemia Covid para que como sociedad hubiéramos reflexionado lo suficiente para sacar conclusiones de lo acontecido para evitar que vuelva a suceder; no parece que ello haya sucedido ni vaya a suceder, más bien todo lo contrario, los poderes políticos, económicos, judiciales y mediáticos han corrido un tupido velo y cubierto las responsabilidades con una espesa manta de silencio para promover que olvidemos lo sucedido.

Existen suficientes testimonios, aterradores en algunos casos, de familiares de pacientes ancianos con Covid encerrados en las habitaciones de las residencias y fallecidos de forma indigna y dolorosa durante la pandemia, la mayoría muertos por asfixia en la soledad de su habitación. Experiencias personales dolorosas para quien las sufrió y sus familiares que, posiblemente, no podrán olvidar nunca. El desgarro mental ha sido de tal calibre que esos mismos familiares no han podido hasta ahora, trascurridos varios años, plantear demandas judiciales contra los responsables de aquellos hechos, en muchos casos también por miedo a enfrentarse a los poderosos y su escasa confianza en la justicia. Ahora comienzan a hacerlo no sin grandes dificultades.

A estas alturas todos tenemos nuestra propia idea acerca de que sucedió y quién fue responsable de ello, e incluso hemos aceptado pasar página y olvidar lo sucedido bajo la presión psicológica de cierta culpabilidad por no haber sabido, ni como individuos ni como sociedad, estar a la altura de las circunstancias.

Si en muchos casos la asistencia a nuestros mayores en la pandemia fue terriblemente ignominiosa cabe preguntarse si, años después, la situación ha cambiado en el día a día. Por las escasas informaciones publicadas acerca del estado actual de algunas residencias públicas y concertadas, referidas a la calidad de la alimentación y otros servicios que se prestan a los residentes, son escasas las protestas de afectados que finalmente logran salir a la opinión pública, no sin dificultades, debido al silencio cómplice de numerosos medios de comunicación, parece obvio que la situación no ha mejorado mucho, lo cual resulta difícilmente comprensible después de la conmoción general que supuso la pandemia.

Las administraciones autonómicas, que son las competentes en esta materia, siguen reduciendo los presupuestos públicos destinados a las residencias y, como consecuencia, aumentan las contrataciones a la baja de empresas independientemente de la calidad de los servicios que se contratan, cuyo cumplimiento posterior no se vigila. Las empresas, que carecen de cualquier voluntad de servicio público, ofrecen peores servicios puesto que buscan el máximo e inmediato beneficio económico y porque saben que, a través de sus contactos en la administración, tienen garantizado el pastel económico independientemente de la calidad de sus servicios.

No parece que exista ningún atisbo de asumir responsabilidades políticas por quienes tomaron las decisiones; aislados en sus torres de marfil no solo no piden disculpas y no asumen errores, sino que acusan y menosprecian a los que sufrieron las decisiones que ellos tomaron. Es la soberbia de quienes se sienten impunes, elegidos por los dioses, protegidos por los poderes económicos, y por ello se sitúan por encima del bien y del mal.  Todo se hizo bien y, por tanto, no hay nada de lo que arrepentirse y tampoco hay nada que cambiar.

Realmente no hay mucho de lo que asombrarse; si después de lo vivido no somos capaces de exigir a nuestros gobernantes aumentar los presupuestos públicos, mejorar la gestión de las residencias y vigilar el cumplimiento, el resultado es previsible e, independientemente de la responsabilidad penal de políticos y gestores durante la pandemia, que hasta la fecha como sociedad no hemos sido capaces de sustanciar, deberíamos al menos ser capaces de exigir mejorar la situación actual. Todos tenemos una responsabilidad ciudadana de la que, en este tema como en otros muchos parece que hemos abdicado.

Por. Miguel Barrueco