La Asamblea de Inquilinas de Salamanca -AIS- convoca una manifestación el próximo domingo 1 de diciembre, que partirá a las 12:00 horas de la Plaza de la Constitución, y que llevará por lema: ¡Se acabó! Bajemos los alquileres.
Con esta máxima, igual a la empleada en tantas otras ciudades de España por colectivos similares, la AIS se coordina con sindicatos y asambleas del resto del país en la oleada de movilizaciones por el derecho a la vivienda que lo están recorriendo, comenzando por la pionera de Madrid del pasado 13 de octubre, con 150.000 personas en la calle; y continuando con las que el segundo fin de semana de noviembre se han llevado a cabo en Andalucía.
Las razones de la AIS para celebrar esta manifestación, y las exigencias que con ella quiere visibilizar, son sencillas: «una intervención inmediata y radical del mercado de la vivienda, comenzando por obligar a abaratar a la mitad el precio de los alquileres, de cuyo incremento desmesurado son responsables los gobiernos a todos los niveles», explican desde la Asamblea de Inquilinas de Salamanca.
En primer lugar, los locales y autonómicos, que trabajan activamente a favor de los especuladores inmobiliarios y contra las inquilinas de la forma más descarada. «Algo que no pueden maquillar las tímidas limitaciones de los pisos turísticos en ciudades como la nuestra. Unas restricciones que no superan lo justo y necesario para asegurar que ese mercado no pise el principal aquí: el de los rentistas locales que parasitan los ahorros de estudiantes y familias trabajadoras», puntualizan desde AIS.
Aseguran que tampoco el Gobierno hace nada contra el capital inmobiliario. «La Ministra de Vivienda, la rentista Isabel Rodríguez, no ha regulado el alquiler de temporada ni por habitaciones, y sus proyectos de Ley de Vivienda o de bono joven para el alquiler son una burla. Son en realidad subvenciones directas para los bolsillos de los propietarios. Mientras tanto, las inquilinas destinan prácticamente la mitad de sus salarios a alquilar y hay 3,5 millones de viviendas vacías en España, pero decenas de miles de personas desahuciadas sin alternativa habitacional cada año: más de 20.000 desalojos en 2023, por un número indeterminado de miembros de cada familia o unidad habitacional echada a la calle», analizan.
Desde la asamblea señalan que no hay que construir más, sino redistribuir; «no se puede consentir que se siga especulando ni el modelo económico que lo permite. La vivienda debe dejar de emplearse como un bien de mercado y blindarse como el derecho fundamental que es. No sólo queremos bajar los alquileres: lo queremos todo. Se acabó», concluyen.
