Cada vez es más común encontrarse con empresas que, aunque desarrollen actividades que pueden dañar el medio ambiente, ofrecen una imagen de total compromiso con la lucha contra el cambio climático, y lanzan mensajes de sostenibilidad como palanca comercial para aumentar la venta de sus productos y servicios.
Fruto de esa costumbre cada vez más extendida, resulta necesaria una normativa que establezca las pautas para una utilización responsable y veraz de dicha información. La exposición de los efectos en la litigación de la práctica de greenwashing (el lavado de imagen verde) y el paquete normativo para atajarlo, han sido el objetivo del seminario “Nuevas tendencias en litigación climática y acciones colectivas”, organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca.
El evento fue moderado por el decano de la Facultad de Derecho, Fernando Carbajo, que destacó que “el greenwashing es un tema de actualidad que es interesante y que hay queanalizar en clave jurídica, y que hoy se abordará desde tres perspectivas del Derecho mercantil, administrativo y penal”. Junto a él participaron los magistrados José Luis Concepción Rodríguez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León; José Luis Requero Ibáñez, magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo; y Blanca I. Subiñas Castro, magistrada de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
Durante la sesión, José Luis Concepción expuso que “el juez español debe aplicar la legislación sobre competencia desleal conforme a lo establecido por la Directiva Europea, aunque esta no tenga efecto directo ni sea de aplicación en este momento”. Además, el ponente añadió que, no ve razonable que una empresa dedicada a la comercialización o extracción de combustibles fósiles pueda presentarse como un gran defensor de la lucha contra el cambio climático. “Estas conductas son aún más graves cuando existen otras empresas en el mercado, comprometidas con la sostenibilidad, que renuncian a los combustibles fósiles y compiten por los mismos clientes, enfatizó.
La judicatura ante los desafíos climáticos
Otro de los focos de la jornada fue el aumento de la llamada litigación climática y cómo la judicatura afronta el desafío de aplicar las normas para que se garantice la protección de los intereses generales del mercado y de los consumidores en un contexto marcado por la crisis climática.
José Luis Requero, magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, destacó que “existen dos tipos de litigios diferenciados: los climáticos y los medioambientales. Parecen equivalentes, pero no lo son. Mientras que los segundos suelen abordar casos específicos, como estudios de impacto ambiental o acuerdos hidrográficos, los litigios climáticos tienen un carácter estratégico, centrados en cuestionar políticas generales relacionadas con el cambio climático. Aunque en países como Alemania u Holanda estos casos han resultado en sentencias históricas que obligan a sus gobiernos a cumplir compromisos internacionales, en España aún enfrentamos barreras como los problemas de legitimación y el control de la inactividad administrativa. Este desafío es clave para avanzar en la tutela de políticas climáticas y la defensa del medioambiente”.
Por último, Blanca I. Subiñas, magistrada de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, reclamó más ambición del legislador penal para luchar contra el green washing. “El greenwashing no es una práctica inocua; trasladar al mercado y a los consumidores la idea de que un producto o servicio es más sostenible de lo que realmente es, mediante mensajes engañosos o poco claros, afecta no solo a los consumidores, sino también a los competidores y al propio mercado. Son conductas publicitarias que persiguen influir en el comportamiento de los consumidores. Aunque la publicidad engañosa está regulada en el ámbito penal, su aplicación en cuestiones ambientales es limitada debido a un marco legal desactualizado y generalista. Sin embargo, es evidente que esta práctica debe combatirse, ya que fomenta decisiones de consumo irracionales y perpetúa una competencia desleal”, puntualizó la magistrada.
En definitiva, este debate ha puesto de manifiesto la creciente importancia de esta regulación, y el impacto directo que tienen en el ámbito judicial, empresarial y social, marcando el camino hacia una mayor responsabilidad en la comunicación ambiental y el cumplimiento legal. El encuentro evidenció el compromiso de la Universidad de Salamanca con los grandes retos legales contemporáneos, al ofrecer un foro especializado para la actualización y el intercambio de conocimientos entre juristas, académicos y profesionales, convirtiéndose en una oportunidad única para entender las nuevas tendencias en litigación y las implicaciones legales del cambio climático.
