Mazón adjudica más contratos a empresas relacionadas con la corrupción del PP

Seis empresas que financiaron la ‘caja B’ del PP valenciano han recibido contratos a dedo para obras que dependen de la Generalitat valenciana por valor de más de 34 millones de euros, según ha informado elDiario.es. Además, otra de ellas está acusada de pagar comisiones al cuñado de la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá.

La Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), dependiente de la Generalitat valenciana presidida por Carlos Mazón, ha destinado 50,6 millones de euros en contratos de emergencia para la realización de obras de reparación en sus infraestructuras tras la Dana. De esa cantidad, más de 34 millones de euros han sido adjudicados a dedo en contratos a empresas que financiaron al PP valenciano, principalmente en el marco de dos tramas de corrupción: el caso Gürtel y el caso Taula.

Se trata de contratos para reparar depuradoras y colectores de aguas, gravemente dañados tras el paso de la Dana que arrasó Valencia el pasado 29 de octubre. Buena parte de ellos han ido a parar a algunos de los financiadores del PP valenciano, y sentenciados por ello tanto por la Audiencia Nacional como por la Audiencia Provincial de Valencia. Si bien, a esta última tanda de adjudicaciones hay que añadirle otros contratos que la Generalitat ha venido concediendo a dedo a empresas relacionadas con la corrupción del PP, como el de la reparación de la presa de Buseo.

Una de las empresas beneficiadas es la constructora Becsa SA (encargada también de la obra de Buseo), que ha recibido 2,3 millones en un nuevo contrato. Uno de sus accionistas, Gabriel Alberto Batalla, fue condenado en 2018 por delito electoral y falsedad documental tras reconocer la financiación ilegal del PP valenciano. Asimismo, Lubasa, antigua marca de Becsa, entregó 200.000 euros para la campaña electoral de Rita Barberá en 2007.

Otra de ellas es la Sociedad de Agricultores de la Vega (SAV), que ha obtenido contratos que suman 9,5 millones de euros, y que entre 2006 y 2007 abonó 300.000 euros al PP de Barberá, según consta en la sentencia del caso Taula. Por su parte, a CHM Obras e Infraestructura le han sido adjudicados 2,8 millones de euros. El presidente de esta última, Francisco Javier Martínez Berna, y el hermano de este, fueron condenados por dos delitos electorales y otro de falsedad documental en el caso Gürtel.

En el caso de Facsa, que ha obtenido contratos por 1,5 millones de euros, su propietario Enrique Gimeno confesó en el juicio del caso Gürtel la financiación del PP valenciano y aceptó una pena de un año y nueve meses de cárcel por tres delitos electorales y uno de falsedad documental. Gimeno también hizo un préstamo a fondo perdido al expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, que le costó el procesamiento en el caso Fabra 2.

Por su parte, FCC Aqualia ha sido adjudicataria de un contrato de 7,4 millones de euros. Esta constructora aportó 60.000 euros a la ‘caja B’ del PP nacional y 200.000 euros al PP de Rita Barberá entre los años 2006 y 2007. Por último, Pavagua Ambiental (filial del grupo Pavasal) se ha llevado un contrato de 426.000 euros. En el caso de esta última, Pavasal entregó 240.000 euros al PP de Barberá, según indica la sentencia del caso Taula.

Finalmente, otro de los contratos, por valor de 10,1 millones de euros, ha sido adjudicado a Ocide, una constructora que habría pagado comisiones a José María Corbín, cuñado de Rita Barberá. Estas mordidas aún continúan investigándose en el marco del caso Azud.