La Unión General de Trabajadores (UGT) ha alcanzado un acuerdo de ámbito estatal con las patronales Confebus y la Asociación de Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos (ATUC), en la que se encuentra adscrita Auvasa, por lo que la organización se desvincula de la huelga del transporte de viajeros por carretera y urbano. El sindicato considera que supone un “paso significativo” hacia las mejoras laborales y la “sostenibilidad” del transporte de viajeros por carretera.
Fuentes del sindicato apuntaron que el acuerdo avanzará en la protección de los derechos de los conductores profesionales y se garantizará un marco de actuación “responsable” y “efectivo” para todo el colectivo. En definitiva, representa un “paso firme” hacia la mejora de las condiciones laborales de los conductores profesionales en el sector de viajeros por carretera y urbanos. No en vano, se hace referencia a la solicitud de los coeficientes reductores y la compensación de posibles desajustes económicos, “sin generar incertidumbre ni riesgos innecesarios”
Un comunicado del sindicato, recogido por la Agencia Ical, precisó que la normativa anterior no se establecía un plazo específico y obligatorio para que la administración respondiera a las solicitudes de aplicación de coeficientes reductores, lo que generaba una “gran inseguridad jurídica” en el sector porque se podía tardar meses, incluso años, en evaluar la solicitud dependiendo de la carga de trabajo o de prioridades políticas. “Esta situación queda resuelta con el acuerdo firmado”, sentenció UGT, al garantizar la presentación de forma conjunta con la patronal de la solicitud de coeficientes reductores, que eral el motivo principal de la convocatoria de huelga. De hecho, el acuerdo establece el compromiso de que la solicitud sea presentada dentro de un plazo máximo de 15 días hábiles, desde la entrada en vigor del Real Decreto, “plazo razonable y necesario para que la solicitud sea sólida y ajustada a los requisitos legales”.
La organización sindical añadió que el nuevo real decreto, que determinará el procedimiento general y cuya entrada en vigor se espera para febrero de 2025, establece la creación de una Comisión de Evaluación, integrada por sindicatos, patronal y gobierno, que analizará las solicitudes para la aplicación de los coeficientes reductores. Al mismo tiempo, con esta nueva normativa el Gobierno tendrá un máximo de seis meses para dar respuesta a las solicitudes de jubilación anticipada.
Otra de las razones que han llevado a UGT a la firma del acuerdo es que se ha desvinculado de la solicitud de coeficientes reductores el desarrollo de la mesa técnica, de nueva creación, en la que se valorará la forma de compensar los desequilibrios financieros derivados del incremento del coste que pueda ocasionar esta medida a las empresas, porque, según han señalado, consideran que debe existir un equilibrio financiero para que no haya problemas en el empleo.
