La Fiscalía ha respondido a las peticiones del juez del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, sobre los movimientos del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, durante los registros del pasado 30 de octubre en la sede del Ministerio Público. Hurtado ha solicitado la grabación de unas cámaras que no existen después de que la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (Apif) acusara a García Ortiz de manipular su teléfono a espaldas de la Guardia Civil, según informa elDiario.es.
El pasado 12 de noviembre, la Apif -una de las acusaciones particulares del caso contra el fiscal general- remitió un escrito a Hurtado en el que indicaba que la teniente fiscal del Supremo “fue vista por al menos un fiscal del Supremo” el pasado 30 de octubre alrededor de las 19:00 horas, “revisando un móvil con el fiscal general en el patio central cuando la Guardia Civil aún estaba llevando a cabo sus pesquisas”.
En ese mismo escrito, la Apif apunta que el teléfono que revisaban era “aparentemente perteneciente al investigado”, en referencia a García Ortiz, dispositivo que consistiría “una prueba crucial del delito”. Entre las diligencias que solicitaban está la acordada por Hurtado de pedir las grabaciones de las cámaras de seguridad del patio central de la Fiscalía General del Estado.
Sin embargo, tal y como ha aclarado el Ministerio Público en un comunicado enviado al juez, esas cámaras no existen, y es que, “actualmente no existe ninguna cámara de seguridad instalada en el patio central, solo existiendo cámaras en el perímetro exterior del edificio”. Junto a ello, la Fiscalía aclara que las actas del día del registro dejan claro que en el momento al que aluden desde Apif, los agentes ya habían devuelto su teléfono a García Ortiz desde hacía más de una hora. Concretamente, según consta en las actas, el volcado de los datos del móvil del fiscal general concluyó a las 17:55 horas, recuperando García Ortiz el dispositivo cinco minutos después.
El pasado 30 de octubre, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registró la sede de la Fiscalía en busca de pruebas sobre la filtración de los correos electrónicos del abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, reconociendo dos delitos fiscales y ofreciendo un acuerdo para evitar el juicio.
