La Junta de Castilla y León busca el “momento más adecuado y oportuno” para avanzar en las negociaciones del proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2025 ante las “circunstancias concretas y específicas” que atraviesan algunos grupos políticos. “Conocemos las dificultades”, dijo el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, quien añadió que esto puede complicar que se alcance un acuerdo parlamentario sobre las nuevas cuentas, que todavía no se han registrado en las Cortes.
Ical.- En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, insistió en el respeto del Ejecutivo autonómico al “momento” que pueda atravesar algunos partidos políticos, en una alusión velada al PSOE, que se encuentra inmerso en un proceso congresual que terminará a finales de febrero, si bien eludió a preguntas de los periodistas precisar a qué formación se estaba refiriendo.
Asimismo, el portavoz de la Junta no descartó la presentación del proyecto de ley de presupuestos, que exige la oposición para seguir negociando, y la ley de medidas que los acompañan, si bien evitó aclarar si lo harán en diciembre, más allá de expresar la voluntad de “acuerdo”, “mano tendida” y “diálogo” del Gobierno autonómico. ”Si de nosotros depende lo va a haber», dijo, al tiempo que garantizó la continuidad en la prestación de servicios a través de una prórroga presupuestaria a partir del 1 de enero de 2025.
En ese sentido, Fernández Carriedo aseguró que trabajan con “todas las opciones” y remarcó que la Junta desea que haya el consenso “más amplio” posible. Por ello, volvió a hacer un llamamiento a los grupos para que se centren en lo que les unen a todos y no en posiciones “maximalistas” para imponer su “propio modelo” presupuestario. Así, abogó por centrarse en el “interés” de Castilla y León y no en lograr el “100 por 100” de las demandas.
Igualmente, el titular de Hacienda coincidió con los agentes sociales y económicos, con los que se reunión la semana pasada dentro de la ronda sobre los próximos presupuestos, en que el diálogo social no puede ser “moneda de cambio” para lograr un acuerdo sobre las cuentas. Por tanto, aceptó que no se convierta en una medida de “presión” o una “exigencia parlamentaria” y apostó por “dar el espacio suficiente” para poder “persuadir” a los grupos.
Ni amnistía, ni reparto en función del PIB
“A mí nadie me ha pedido la amnistía de ningún político”, agregó Fernández Carriedo quien enmarcó las conversaciones mantenidas en los problemas “reales” de Castilla y León ya que aseguró han hablado de lo que interesa a la Comunidad y no a sus políticos, a partir del anteproyecto de ley publicado por la Junta, que reiteró es un “buen documento” y algo “positivo” para los ciudadanos. Además, señaló que las negociaciones, que Soria YA denuncia no han avanzado en los últimos diez días, se producen en la Comunidad y no en Ginebra o Waterloo.
Al respecto, el consejero de Economía y Hacienda garantizó que la Junta no incorporará inversiones en los nuevos presupuestos como “pagos de precios políticos” o “compromisos” que a su juicio no tienen “nada que ver” con los intereses generales de Castilla y León. De la misma forma, reseñó que los fondos no se distribuirán en función del Producto Interior Bruto (PIB), como el Gobierno pactó con Junts distribuir la recaudación del gravamen temporal a las entidades financieras, algo que según la Junta perjudica a la Comunidad.
“Eso no va con nosotros”, dijo Fernández Carriedo quien añadió que tampoco lo hubieran aceptado, si bien afirmó que ningún partido se lo ha pedido en las reuniones mantenidas porque sólo lo hacen a quién creen que lo puede aceptar, en alusión al presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez.
