La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (Csif) de Castilla y León urgió este jueves al Gobierno de España a llegar a un acuerdo económico y firmar un nuevo concierto “responsable” con las aseguradoras de Muface, ya que el actual convenio sanitario vence el 31 de enero, por que advirtió que 100.000 mutualistas de la Comunidad no pueden depender de decisiones políticas y demagógicas. No en vano, el sindicato subrayó que la intranquilidad y los temores de los funcionarios y beneficiarios de Muface, que ven cómo “se juega” con su salud. De no renovar el convenio, alertó que el sistema público de salud en Castilla y León quedaría al borde del “colapso”, con una tensión “insoportable” en los centros de salud y los hospitales.
Ical.- Csif recordó que Muface forma parte del Sistema Nacional de Salud desde 1975, que “no se puede hacer desaparecer de la noche a la mañana”. El secretario autonómico de Relaciones Institucionales y Comunicación de Csif, Rodrigo Molledo, aseguró en Valladolid que la licitación del nuevo contrato de Muface va “tarde”, al señalar que una tramitación administrativa de esta “envergadura” lleva “mucho tiempo”. “Hablamos de meses y el Gobierno no tiene ese plazo para dar salida a este problema”, aseveró.
Añadió, según recogió la Agencia Ical, que los mutualistas de las administraciones públicas de Castilla y León están recibiendo avisos de las aseguradoras de Muface de que el convenio sanitario vence el 31 de enero, produciéndose ya notificaciones de retrasos o cancelaciones de citas y autorizaciones de asistencias. «Una actitud intolerable de las mutuas que está agravando la intranquilidad y los temores de los más de 100.000 funcionarios y beneficiarios de Muface en la Comunidad, que están viendo cómo se juega con su salud», declaró Molledo. De ahí que exigiera a las aseguradoras responsabilidad ante la “delicada” y “confusa” situación.
Además, algunas clínicas o centros privados que trabajan con Muface, conscientes del “limbo sanitario”, han contactado con mutualistas para ofrecer sus servicios, que tendrían que anticipar el pago de la atención médica, a la espera de un nuevo convenio.
El Ministerio de Función Pública cerró ayer el plazo de consultas a las aseguradoras para conocer la tarifa en la que estarían interesadas para continuar con la prestación de la asistencia sanitarias a los funcionarios. De momento, Asisa y DKV han confirmado su intención de participar en la licitación del Gobierno.
La responsable de Educación de Csif Castilla y León, Isabel Madruga, manifestó que algunos empleados públicos se han dirigido al sindicato para mostrar su preocupación y preguntar por la situación y el futuro de su cobertura sanitaria. Dejó claro que su sindicato nunca respaldará actuaciones “temerarias” e “inconscientes” que pongan en duda la labor de los funcionarios, a los que se les acusa de privilegios, derechos y mejores condiciones laborales, sin tener en cuenta que son la “garantía” de un servicio público de calidad y “sustento propio” del Estado. De ahí que destacara que Muface es un derecho adquirido desde 1975 y el personal público no tuvo elección para entrar en este sistema.
Su homólogo en Sanidad, Enrique Vega, aseguró que el sistema sanitario público no tiene capacidad ni personal ni infraestructuras para absorber “de golpe” el volumen de los nuevos pacientes. Según el sindicato, harían falta unos 3.000 profesionales sanitarios más de todas las categorías en Sacyl, teniendo en cuenta las ratios actuales y que los pacientes potenciales se incrementarán un 6,5 por ciento. En los centros de salud, se necesitarían unos 180 médicos y 150 enfermeros más. Respecto a las listas de espera, la demora quirúrgica podría duplicarse de 108 días a 216, y las citas en Medicina Familiar se retrasarían varias jornadas.
El tema económico también supondrá un problema “significativo», hasta el punto que Csif apuntó que el incremento presupuestario de la Consejería de Sanidad debería rondar los 352 millones, sin contar las inversiones en infraestructuras y medios que haya que afrontar, con lo que debería ascender a unos 5.230 millones.
“Más contundencia” del consejero
Vega echó en falta “más contundencia” por parte del consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, ya que se ha limitado a advertir que el el sistema sanitario ya está tensionado. Es por ello que demandó una declaración institucional para señalar el riesgo que supone el paso de esos mutualistas de Muface a Sacyl.
Ante esta situación, Csif animó a los funcionarios y beneficiarios mutualistas a participar en la concentración del próximo 14 de diciembre en Madrid, ante la Dirección de Muface, para reclamar la continuidad del concierto y la garantía de la asistencia sanitaria de calidad. El sindicato ha fletado autobuses desde todas las provincias de la Comunidad, pueden llamar a las diferentes uniones provinciales de CSIF, con el objetivo de movilizar a 2.500 personas.
