La Universidad Pública

El cuestionamiento de la enseñanza primaria y secundaria en los centros públicos, promoviendo la educación privada y concertada en detrimento de la pública, llega ahora a la Universidad y salta a la opinión pública por la práctica política de la Comunidad de Madrid (CAM) que lleva años autorizando universidades privadas (catorce hasta la fecha y otras en periodo de aprobación), algunas de ellas sin las mínimas garantías de calidad, a la vez que asfixia económicamente a las seis universidades públicas, de prestigio reconocido, negándole la financiación en base a los presupuestos de la CAM (la Comunidad de Madrid es la que menos PIB per cápita destina a la universidad pública de España: las universidades públicas madrileñas tendrán en 2025 una subvención nominativa inferior a la de 2009), y ahora, incluso, renunciando inicialmente a 169 millones ofrecidos por el Gobierno de España para contratar mil profesores y mejorar infraestructuras obsoletas. Es la gota que ha colmado el vaso y ha llevado a sus Consejos de Gobierno a suscribir un documento conjunto denunciando la campaña de desprestigio, la asfixia económica y la imposibilidad, no ya de alcanzar la excelencia, sino de mantener la estructura mínima para continuar funcionando.

En el documento suscrito, las universidades públicas de Madrid “expresan su profunda preocupación ante una situación en la que se pone en duda, casi a diario, el compromiso y la calidad de su servicio público a pesar de que los hechos y el reconocimiento nacional e internacional demuestran lo contrario. Este cuestionamiento entra en contradicción con el reconocimiento generalizado que hacen estudiantes, sus familias y las empresas e instituciones sobre la contribución esencial de nuestras universidades públicas al desarrollo regional y nacional, todo ello avalado por la calidad académica, investigadora y de transferencia del conocimiento de nuestras seis universidades públicas”. “Las universidades públicas son el motor principal de desarrollo y el ascensor social más eficiente, a pesar de la grave infrafinanciación que sufren desde la crisis financiera de la pasada década”.

Los rectores de las universidades públicas andaluzas señalan también la crisis financiera en la que están sumidas por la deuda que tiene con ellas la Junta de Andalucía. El rector de la Pablo de Olavide ha recordado que las universidades no han demandado “ni un euro más de lo que les corresponde según las normas y los acuerdos firmados por el propio Gobierno andaluz”, pero que la Junta no paga lo que les adeuda y si no lo hace antes de fin de año no podrán ni siquiera pagar las nóminas.

Las universidades de Castilla y León, entre ellas la de Salamanca, se quedarán fuera de la financiación del programa María Goyri en 2024 al no firmar a tiempo la Junta de Castilla y León el convenio con el Ministerio de Universidades, algo que si han hecho otras quince autonomías que recibirán inmediatamente los fondos correspondientes. El Programa María Goyri es un programa para la contratación de profesorado ayudante doctor que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades financia durante seis años.

Estas medidas de acoso y derribo responden a tres motivos: un interés ideológico para limitar el acceso a la educación universitaria de las clases populares, que obviamente no pueden pagar el elevado precio de las universidades privadas, reservando la educación universitaria para las elites; un interés económico que tiene como fin potenciar el negocio de las universidades privadas eliminando la competencia que suponen las públicas, y un interés político porque se ejerce desde instituciones que se ponen al servicio de los intereses ideológicos y económicos de las elites por encima del servicio público que corresponde a las universidades. Lo que está sucediendo en la CAM es fruto de una torpeza suprema y de una “ceguera ideológica” obsesiva: aún en los países y sistemas más capitalistas las universidades públicas son potenciadas como pilares sociales fundamentales para el desarrollo.

Me siento personalmente aludido, motivado y moralmente obligado para escribir esta columna acerca de lo que está sucediendo con la educación pública en general y las universidades públicas en particular. Yo mismo soy fruto de la educación pública tal y como reflejé en mi libro Memoria de mis Escuelas Públicas publicado hace ya algunos años: de niño estudié en la escuela de educación primaria Francisco de Vitoria, después en el Instituto Fray Luis de León, más tarde en la Universidad Laboral de Alcalá y, por último, en la Universidad de Salamanca. Sin la enseñanza pública gratuita y las becas que me concedieron no hubiera podido ser ni médico ni profesor universitario. Por ello, sé de lo que hablo, a que estoy agradecido y a que estoy obligado. Por ello, precisamente por ello, defiendo lo público a todos los niveles y, en este momento, a la Universidad pública.

El comunicado de las seis universidades madrileñas es, posiblemente, demasiado prudente en su denuncia de la campaña de descrédito y la asfixia premeditada a la que el Gobierno de la CAM está sometiendo a sus universidades públicas. No es un caso aislado, en otras comunidades autónomas se sigue una política similar si bien, en vez de hacerlo de forma tan burda, siguen políticas más refinadas y menos asilvestradas de desmantelamiento progresivo de sus universidades públicas. Por ello, es fundamental que la Academia se pronuncie empezando por la Conferencia de Rectores, que algo tendrá que decir al respecto, y lo mismo deberían hacer los claustros de las universidades, las asociaciones profesionales universitarias, las asociaciones de alumnos y todos aquellos que sientan la necesidad de defender la Universidad pública. Para parar esta ofensiva “quien tenga algo que decir que diga, quien tenga algo que hacer que haga”.

Coincido completamente con la última frase del comunicado de las universidades madrileñas: “Por el futuro de la educación superior y el progreso de nuestra sociedad, defendamos la universidad pública”, a lo que personalmente añado una frase de otros movimientos sociales en defensa de lo público: La Universidad pública no se vende, se defiende.

Miguel Barrueco Ferrero, médico y profesor universitario

@BarruecoMiguel