Castilla y León reafirmará el liderazgo que ha mantenido en este cuarto de siglo en el sector eólico con casi 9.000 megavatios de potencia instalada en 2028, fecha en la que, si se cumplen todas las autorizaciones administrativas de construcción en marcha, la Comunidad contará con una cifra que supone 19 veces la ya cerrada central nuclear de Garoña (466 MW).
J.L. / ICAL. En este paquete se enmarca el contingente de proyectos que siguen su tramitación ordinaria desde hace años, pero principalmente los que se desarrollan dentro del decreto que el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico puso en marcha para ordenar el sector, con una serie de hitos temporales, ante la cantidad ingente de solicitudes, sobre todo de carácter fotovoltaico.
A 29 de julio, el Miteco había autorizado 28.000 megavatios de renovables, con 239 proyectos de energía solar, 43 de eólica y uno hidroeléctrico. Las iniciativas a las que el Ministerio da luz verde son las que refieren a más de 50 megavatios, una cifra a la que habría que sumarle los que se tramitan ante la Junta. El secretario general de la Asociación de Promotores Eólicos de Castillas y León (Apecyl), Eugenio García Tejerina, estima la suma, “aproximada”, en 2.100 megavatios eólicos que ya habrían obtenido la autorización de construcción y habrían alcanzado en esta fecha el hito correspondiente. A ellos hay que añadir los 6.637 con los que ya cuenta en funcionamiento la Comunidad, más otra cantidad de proyectos que se encuentran en otras fases, de donde sale la cifra de 9.000 MW.
En todo caso, y ante la alta cifra de potencia que se instalará, esta es menor de la que indicaban las previsiones hace tan solos unos meses, cuando se cerraba el hito de autorización administrativa de construcción, el 25 de julio, para el que se hablaba incluso de llegar a 12.000 MW, si bien García Tejerina ya explicaba entonces que muchos de estos proyectos se quedarían por el camino ante la dificultad de desarrollar todas las iniciativas en los plazos establecidos, y que en este caso deben estar finalizados y operativos en 2028.
García Tejerina explicó a Ical que en estos momentos los proyectos que han alcanzado la autorización administración de construcción se encuentran en trámite de obtener licencias urbanísticas con los ayuntamientos correspondiente “para poder empezar”. “Ahora tienen el compromiso de ejecutarlos en un plazo que antes era común y ahora cambia en función de las características de cada uno, que se pueden acoger a tramos diferentes, siempre comunicándolo a la administración”, pero todos en el entorno de los próximos cuatro años.
Con este escalonamiento se pretende que el propio sector “evite problemas dentro de esta ola que va pasando, con la licencia de obra”. “Si todo el mundo que tiene la autorización quiere construir al mismo tiempo, no habrá recursos para todos: desde góndolas para transportar las palas, ni materiales, ni mano de obra, ni todas las máquinas al mismo tiempo, grúas, etc. que son elementos pesados”, advirtió.
Por ello se ha establecido un calendario y “cada uno se adapta en función de la programación de trabajo y se acoge con un límite”, ahora que los hitos ya han concluido y todo depende de la “cuestión municipal”, para los cuales estos años se ha editado una guía de trabajo para saber cómo acometer esta cantidad de trabajo.
Igualmente, García Tejerina celebró que la Junta de Castilla y León contaba con un trámite sobre la utilización de suelo excepcional en suelo rústico, y “se lo complicaba mucho a los ayuntamientos”, pero todo cambió con una modificación de la Ley de Urbanismo y se suprimió, “porque se entendía que era redundante”. “Ya se había analizado anteriormente en la declaración de impacto ambiental. Se intenta evitar duplicidades porque si no se complica hasta el infinito la tramitación administrativa de los proyectos sin aportar nada más”, señaló el representante de Apecyl, sobre todo en “momentos como estos, en que la Administración regional tiene un estrés burocrático brutal, así como muchos ayuntamientos, ya que muchos de estos parques se instalan en consistorios pequeños que en muchos casos no tienen secretarios o personal”.
Por ello, además de esta guía, las diputaciones provinciales “están ayudando a estos ayuntamientos pequeños casi sin recursos”, porque son instituciones más grandes, “acostumbradas para facilitar la consulta”. “La idea es que no se cayeran proyectos que deberían salir adelante por falta de recursos en la tramitación administrativa. Hemos trabajado con la Junta y en términos generales el objetivo se ha conseguido, y nuevamente Castilla y León sigue siendo comunidad de referencia en el desarrollo de renovables”, sentenció García Tejerina a Ical.
