La ‘mitad’ del ruido de Salamanca está fuera de control

En las próximas semanas Salamanca contará con un nuevo mapa del ruido. «Un mapa incompleto, pues varias de las fuentes fundamentales de emisiones son ignoradas», señalan desde la asociación Comité Antinuclear y Ecologista, que ha presentado alegaciones dentro del plazo legal.

Siendo la contaminación acústica un factor determinante en la salud y una clara manifestación de una merma en la calidad de vida de toda la población salmantina, la asociación opina que el Ayuntamiento no la ha tenido en cuenta, o al menos en el grado que se merece.

La Ley del Ruido de Castilla y León reconoce el derecho a la salud y la obligación de los ayuntamientos para prevenir, reducir y vigilar la contaminación acústica desde una perspectiva inequívoca de la prioridad de esos derechos fundamentales sobre cualquier otro asimismo legítimo y respetable. Estos derechos tienen un carácter inviolable, indisponible, innegociable e inalienable. Así de tajante es la Ley: el control del ruido es por lo tanto de prestación obligatoria por parte del Ayuntamiento.

Teniendo en cuenta esto, la contaminación acústica no se puede abordar sin una clara y decidida implicación de todos los ámbitos sectoriales: movilidad en su conjunto, tráfico urbano e interurbano, regulación de horarios (apertura y cierre de establecimientos hosteleros, etc), espectáculos públicos, ordenación del territorio y vivienda.

El Consistorio tiene la facultad -y debería de hacerlo- de declarar zonas de protección acústica especial y zonas de situación acústica especial. Pero no lo ha hecho a pesar de que reconoce, en base a las mediciones realizadas, que hay decenas de centros de enseñanza y miles de viviendas afectadas por encima de lo que marca la ley. Estas zonas se corresponden con las vías de tráfico rodado más intenso.

«¿Pero qué pasa con las calles y plazas donde la hostelería está omnipresente? – Nada», preguntan y responden desde la asociación.

El mapa ni lo menciona. No ‘existe’ el ruido asociado a la carga, descarga y reparto. No ‘existen’ los problemas asociados al ocio nocturno, las terrazas, la colocación de mesas y sillas, su recogida, la acumulación de personas en algunos establecimientos hosteleros, en el interior y en la calle.

«Si el Gobierno municipal declarase al menos estos lugares como zonas de protección o como zonas de situación acústica especial, se podría corregir la situación, disminuir la emisión de ruidos e impedir que estos vayan a más. Incumple así su obligación de prevenir, reducir y vigilar la contaminación acústica para evitar daños a la salud humana, así como establecer los mecanismos para mejorar la calidad ambiental», exponen desde Comité Antinuclear y Ecologista de Salamanca.

Desde la asociación, también echan en falta la declaración de zonas acústicas tranquilas (como prevé la ley). El Comité Antinuclear y Ecologista considera que habría que declarar varias áreas de calidad acústica de sosiego y gratificación sonora con el fin de protegerlas y potenciarlas, incluyendo los espacios abiertos periurbanos. «Vamos a citar dos: el parque de los Jesuitas y el parque natural del Aldehuela. Estaría bien empezar por estas dos e ir ampliando en las sucesivas revisiones del Mapa Estratégico del Ruido», recomiendan.

Por último, otra ausencia notable: los ruidos producidos por la maquinaria de mantenimiento y limpieza en las calles y parques, camión de la basura, etc. así como los horarios de todos estos artefactos, cada vez más grandes y potentes. «Queda claro que no hay voluntad política para obligar a las empresas a que tomen las adecuadas medidas de prevención mediante la aplicación de las tecnologías de menor incidencia acústica», apuntan.

«Si tuviéramos un gobierno local riguroso en este asunto hasta podría declarar zonas de protección acústica especial aun observándose por los emisores acústicos los límites. Si tenemos en cuenta los miles de denuncias que se presentan por los ruidos ante el Ayuntamiento estaría plenamente justificado. La mayoría de las denuncias se corresponden con la actividad hostelera», subrayan.

Estos ruidos no pueden ser considerados como un problema de mera convivencia y cuya respuesta será policial. El Ayuntamiento tiene la obligación, por ley, de prevenir. El ruido es un problema de salud pública y no puede gestionarse en base a las quejas que expresen los vecinos.

Finalmente, el documento estratégico del ruido carece de un plan de acción y objetivos concretos cuantificables. «Increíble chapuza», concluyen desde la asociación Comité Antinuclear y Ecologista de Salamanca.